El gobierno del presidente Gustavo Petro radicó este lunes una nueva propuesta de consulta popular ante el Senado, en un nuevo intento por sacar adelante algunos puntos de las reformas laboral y de salud, hundidas en el Congreso.
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Sin embargo, hay quienes catalogan de innecesaria esta nueva versión de la consulta ya que paralelamente avanzan las discusiones de las reformas laboral y de la salud en el legislativo, lo que lleva a pensar que el Gobierno estaría dando por descontado el hundimiento de estos proyectos, una vez más.
Según Andrés Felipe Velásquez, socio de la firma Velásquez Osorio Abogados, el proyecto de la consulta popular es “inocuo”.
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“Lo cierto es que esas 16 preguntas ya están contenidas en los dos proyectos de ley que también se debaten en la misma corporación. En la comisión cuarta se está debatiendo nuevamente la reforma laboral y en la comisión séptima se debate la reforma al sistema de salud, con lo cual convocar a una consulta popular, más allá del resultado, es inocuo. Lo que debería pasar es que se aprueben las reformas. Si eso no ocurre en ese caso sí debería presentar la consulta”, señaló Velásquez.
¿Un plan B?
Desde el hundimiento de la consulta popular en el Senado, el Gobierno ha insistido con aprobar una nueva versión, a pesar de que el Congreso revivió la reforma laboral y analiza la reforma al sistema de salud.
El Gobierno es consiente del duro camino que tienen por delante estas reformas en su debate, pues además de no contar con el respaldo de las mayorías, también se enfrentan a una contrarreloj para su aprobación.
De hecho, durante una audiencia que realizó el Legislativo para escuchar la posición del Gobierno, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, advirtió que el proyecto de reforma laboral, que permaneció archivado por casi 10 meses, tiene un margen reducido para su visto bueno, antes del cierre de la legislatura.
“Tenemos un escenario de tiempo absolutamente estrecho, como lo sabe el país, pero el Gobierno ha concurrido a la discusión como corresponde, haciendo gala de nuestro talante democrático”, afirmó Sanguino, quien a pesar de las dificultades, insistió en que el Ejecutivo está dispuesto a dar el debate con transparencia, confiando en que el Congreso esté a la altura de las expectativas de millones de trabajadores y trabajadoras del país.
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El énfasis de su intervención estuvo centrado en el mensaje de advertencia a los legisladores de que las modificaciones no lleven a perder la esencia del proyecto.
“Si van a pegarle una peluqueada al proyecto, si van a ponerle talanqueras y limitaciones, si van a querer devolver el debate que ya se había dado en Cámara, van a sacar una reforma que no reforma nada”, dijo Sanguino.
Radicación consulta popular 2.0
Archivo particular
‘La doy por muerta’
Las cuentas del Gobierno tampoco parecen cuadrar en la discusión de la reforma a la salud.
Recientemente, en medio de un foro organizado por la revista ‘Cambio’, el ministro del Interior, Armando Benedetti, admitió que da “por muerta” la iniciativa de reforma al sistema de salud colombiano, la cual inició su trámite en la Comisión VII del Senado.
El alto funcionario responsabilizó a la senadora Nadia Blel, presidenta de esta instancia legislativa, de encabezar y orquestar una supuesta estrategia con la meta de “dilatar” la discusión del proyecto.
“Llegué el 1 de marzo. 4, 5 y 6 aprobamos la reforma a la salud en la Cámara, que ahora la están torpedeando, echando para atrás (la discusión) para que empiece el 27 de mayo. Yo ya doy por muerta la reforma a la salud”, afirmó en su momento Benedetti.
Y agregó: “Ponen cuatro meses técnicas, la última será el 20 de mayo. Se debatiría desde el 27 de mayo. Y tendrían hasta el 20 de junio para que se apruebe en la Comisión Séptima y en la plenaria del Senado. No hay tiempo. Pierden un mes haciendo mesas técnicas. Esa es una prueba de que no quieren el debate”.
Frente a estos, la senadora conservadora respondió que al proyecto aún le queda una legislatura para ser discutido: “En ningún momento existe una estrategia dilatoria por parte de la mesa directiva o de los miembros de la Comisión VII del Senado”.
Ante un posible hundimiento de las reformas, la consulta popular sería el último recurso para salvar las reformas de bandera del Gobierno.
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