A finales de 2024, el panorama financiero del Instituto Nacional de Vías (Invías) evidenciaba una creciente acumulación de deudas con contratistas, interventores y consultores que comprometían la ejecución de más de 50 obras clave en el país. Ahora, los retrasos en los pagos de las cuentas correspondientes a los meses de julio a diciembre generaron una alerta generalizada en el sector, al punto que la Contraloría General de la República emitió una función de advertencia sobre el estado de las obligaciones no saldadas.
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Según datos reportados por la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), a 31 de diciembre de 2024, Invías debía más de 919.000 millones de pesos en facturas presentadas y no pagadas. A esto se sumaban otras reservas presupuestales cercanas a los 79.000 millones de pesos, lo que totalizaba cerca de un billón de pesos en compromisos pendientes. Las cifras fueron respaldadas por informes del ente de control fiscal.
La situación llevó a que diversos actores del sector comenzaran a alertar sobre las consecuencias del retraso, en especial para los contratistas, que no operan bajo un modelo de financiación previa. Los pagos por actas de obra son su principal fuente de flujo de caja. Ante la falta de liquidez, muchos debieron recurrir a préstamos, los cuales se tornaron inviables debido a la renuencia de las entidades financieras a respaldar obligaciones estatales incumplidas. Esto generó una desaceleración en la ejecución de obras y el riesgo de una paralización masiva.
Para hacer frente a la situación, entre enero y abril de 2025 se realizaron varias mesas de trabajo con participación de la Procuraduría General de la Nación. En dichas reuniones, el Ministerio de Hacienda se comprometió a realizar giros escalonados para cubrir las obligaciones pendientes. El primer desembolso se efectuó en febrero, por un valor de 200.000 millones de pesos. En marzo se completó una transferencia adicional de 600.000 millones. Ambos pagos permitieron cubrir una parte significativa de la deuda acumulada de 2024.
En abril, Hacienda había anticipado un tercer pago por 800.000 millones de pesos. Sin embargo, al revisar las cuentas y el estado de las facturas presentadas, se concluyó que no era necesario transferir el total en un solo movimiento. Por ello, se acordó un pago diferido en tres cuotas. La primera de estas, correspondiente a abril, fue de aproximadamente 250.000 millones de pesos. La segunda, efectuada en mayo, ascendió a una cifra similar. En total, los desembolsos realizados en el primer cuatrimestre del año suman 1,3 billones de pesos.
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Fuente: Invias – “X” cuenta oficial
Este flujo de recursos ha permitido cubrir no solo las obligaciones del año anterior, sino también atender facturas correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2025. La disponibilidad de pagos ha reactivado el ritmo de ejecución en los diferentes frentes de obra, estabilizando la cadena de pagos y permitiendo que los contratistas mantengan sus nóminas y proveedores al día.
El presupuesto total asignado al Invías para 2025 es de 3,9 billones de pesos. Desde la CCI se ha hecho seguimiento a los pagos, destacando la importancia de que el flujo continúe en los próximos meses para evitar nuevas acumulaciones que puedan volver a afectar la ejecución.
Las consecuencias en su momento…
Las consecuencias de los retrasos registrados a lo largo del segundo semestre de 2024 fueron profundas. Las obras públicas, al no estar prefinanciadas, dependen directamente del pago de actas para sostener su operación. La interrupción de pagos, que se extendió por más de cinco meses en algunos casos, obligó a contratistas a reducir frentes de trabajo, despedir personal y aplazar compras con proveedores. En sectores como maquinaria, materiales y servicios, los retrasos también afectaron los tiempos de respuesta.
Además del impacto directo en el empleo y la operación, la interrupción de flujos financieros afecta a las comunidades en donde se desarrollan las obras. En muchas zonas rurales del país, los proyectos viales impulsan la economía local a través del consumo en hoteles, restaurantes, tiendas de ropa, peluquerías y otros servicios. El freno de las obras se traduce en un retroceso económico para estas regiones.
Entre los proyectos que resultaron más comprometidos por la falta de recursos se encuentran varios corredores estratégicos en distintas zonas del país. La vía San Francisco-Mocoa, las conexiones del Catatumbo, las rutas entre Casanare y Arauca, y los trayectos que cruzan la cordillera central en el Cauca estuvieron entre los más afectados. También se reportaron retrasos en obras en la Guajira y en los tramos Popayán-La Plata e Inzá, que forman parte de las rutas del macizo colombiano.
En total, se identificaron cerca de 50 proyectos con recursos comprometidos que dependían de la normalización de pagos para mantener sus cronogramas. Con la entrada regular de recursos desde febrero, estas obras han comenzado a retomar su ritmo normal.
La cadena de valor de la infraestructura vial en Colombia involucra a cientos de empresas y miles de trabajadores. El impacto de una mora generalizada en pagos compromete no solo el avance físico de las obras, sino también la sostenibilidad financiera de contratistas, firmas de interventoría y proveedores. El proceso de recuperación, según el gremio, depende de que el Ministerio de Hacienda mantenga el compromiso de giro oportuno en lo que resta del año.
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Aunque las medidas adoptadas hasta ahora han permitido evitar la parálisis de los proyectos, el sector continúa en estado de alerta para prevenir que se repita una situación similar a la vivida entre julio y diciembre del año pasado. Desde la CCI se mantiene el seguimiento a la ejecución presupuestal y se han solicitado compromisos institucionales claros para garantizar el flujo continuo de pagos en los meses venideros.
Por ahora, la reactivación de los pagos ha devuelto dinamismo a la ejecución de la infraestructura vial en el país, mitigando los riesgos sociales, económicos y logísticos que una crisis de pagos habría podido desencadenar. El cumplimiento progresivo de las obligaciones por parte del Gobierno ha contribuido a normalizar las operaciones en el sector, aunque la vigilancia sobre la estabilidad presupuestal del Invías continúa como una prioridad para el gremio.
PAULA GALEANO BALAGUERA
Periodista de Portafolio
