A pocos días de que inicien los debates finales de la reforma laboral en la plenaria del Senado, la discusión política tomó un nuevo giro en el que la senadora Angélica Lozano, integrante de la Alianza Verde, lanzó una dura advertencia sobre lo que considera una maniobra del presidente Gustavo Petro para frenar la aprobación del proyecto de ley en el Congreso y, en su lugar, imponer una reforma vía decreto.
“El presidente no quiere que la reforma laboral se apruebe como ley. Prefiere emitir un decreto que sabe ilegal, pero que le sirve para agitar a sus seguidores y culpar al Congreso y a la justicia si se hunde el proceso”, escribió Lozano en una publicación en la red social X, donde agregó que esta estrategia representa una amenaza directa a la separación de poderes y deteriora aún más la institucionalidad democrática del país.
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En su mensaje, Lozano acusa al mandatario de emprender un camino deliberado para “evitar que la plenaria apruebe la ley”, a pesar de que el proyecto ya ha superado tres de los cuatro debates requeridos para su aprobación, todo con la posible intención del Gobierno de victimizarse políticamente si la Corte Constitucional anula el decreto, en vez de asumir la responsabilidad de un eventual hundimiento por falta de respaldo legislativo.
Esta denuncia se conoce en medio de un ambiente político tenso, donde la reforma laboral ha generado divisiones tanto entre los partidos como en el propio gabinete y aunque el Gobierno ha defendido la necesidad de actualizar el marco normativo laboral para mejorar las condiciones de los trabajadores, sectores empresariales y algunos congresistas han cuestionado el alcance de los cambios propuestos, especialmente en lo referente a recargos nocturnos, estabilidad laboral y formalización obligatoria.
presidente Gustavo Petro
Presidencia YT
Cabe resaltar que la senadora Lozano no es la única que ha expresado preocupación. Varios analistas han advertido que el uso de decretos para legislar en temas estructurales —como el mercado laboral— sin pasar por el control del Congreso podría generar inseguridad jurídica y desincentivar la inversión en sectores productivos.
Así mismo, saltarse el Legislativo pone en entredicho la legitimidad de la reforma y deja en el limbo a trabajadores y empresarios, sin reglas claras para actuar, frenando de esta forma el avance que busca el presidente Petro desde su posesión.
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Todo esto comenzó, luego de que la tensión entre el Ejecutivo y el Congreso alcanzara un nuevo punto crítico esta semana, luego del anuncio del presidente Gustavo Petro de que convocará por decreto una consulta popular sobre la reforma laboral, pese a que esta ya fue archivada por el Senado el pasado 14 de mayo.
Durante una alocución presidencial, el mandatario afirmó que “voy a decretar la consulta popular. La Corte Constitucional decidirá indudablemente, puede o no decidir, de acuerdo a las normas existentes. ¿Por qué decreto la consulta popular? Porque jamás hubo un concepto favorable en el Senado, hicieron trampa”.
Debate Reforma Laboral en Comisión Cuarta de Senado
Cortesía – A.P.I.
La declaración encendió las alarmas en el Congreso, donde calificaron el anuncio como un atentado contra la separación de poderes. Esto sin contar con que una reforma laboral decretada sin análisis legislativo podría alterar significativamente el gasto público, sin contar con una evaluación detallada de sus impactos presupuestales ni mecanismos de control parlamentario.
También hay que decir que el presidente del Senado, Efraín Cepeda, aseguró que la iniciativa presidencial constituye una “ruptura de los poderes públicos”, al desconocer no solo al Congreso, sino también al poder judicial y que “si el presidente sigue adelante con la convocatoria, estaríamos frente a lo que yo califico como un golpe de Estado”.
El trasfondo de esta disputa tiene implicaciones políticas, jurídicas y económicas. Desde el punto de vista institucional, se abre un debate sobre la legalidad de convocar una consulta popular por decreto. Desde lo económico, analistas advierten que la inestabilidad normativa y el riesgo de decisiones inconstitucionales pueden afectar la inversión, el empleo y la confianza empresarial.
