Encuesta 2025: riesgos y proyecciones para la infraestructura en Colombia | Infraestructura | Economía

Encuesta 2025: riesgos y proyecciones para la infraestructura en Colombia | Infraestructura | Economía


Un análisis de la segunda encuesta de expertos sobre riesgos en el sector de infraestructura en Colombia revela variaciones significativas en las percepciones entre 2024 y 2025. El estudio, realizado por Control Risks y Jaime Arteaga y Asociados, integra opiniones de profesionales vinculados a empresas concesionarias, constructoras, de servicios públicos, banca de inversión, consultoras y proveedores.

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Destacan que durante 2023 y buena parte de 2024, el gobierno mostró bajo avance en nuevas obras y baja ejecución presupuestal, generando desconfianza entre los actores del sector. Además, persistente incertidumbre sobre el financiamiento de grandes proyectos, combinada con tensiones políticas por la reforma fiscal, afectó las perspectivas de corto plazo. Pese a lo anterior, desde finales de 2024, se percibe un mayor interés empresarial ante la posibilidad de un cambio de gobierno.

En ese contexto, para 2025, el 69% de los expertos consultados espera un crecimiento moderado o alto del sector para el año siguiente. Esta proporción supera la registrada en 2024 y marca una tendencia optimista impulsada por un posible cambio político y el final del actual gobierno sin la implementación de reformas estructurales percibidas como inciertas. En contraste, la encuesta de 2024 reflejaba una postura más reservada, relacionada con baja ejecución presupuestal y tensiones institucionales, lo que se reflejó en un resultado pesimista del 64% de los encuestados. 

Las respuestas respecto al rol del gobierno en el fomento del sector muestran una mejora ligera, aunque persiste escepticismo. En 2025, más expertos están de acuerdo con que el Estado reconoce la importancia de la infraestructura y promueve su desarrollo, en comparación con el año anterior. Sin embargo, la inestabilidad jurídica y regulatoria continúa siendo señalada como una de las amenazas más relevantes. Entre las causas, se mencionan decisiones unilaterales del Ejecutivo y conflictos entre ramas del poder público.

En cuanto a interrupciones operativas, la encuesta de 2025 indica que el 50% de las empresas del subsegmento concesionario (vías, ferrocarriles, puertos y aeropuertos) enfrentó bloqueos o protestas sociales en el último año. Esta cifra representa un aumento frente a 2024 y sitúa a este grupo como el más afectado. La conflictividad social se intensificó especialmente en zonas como la Guajira y el Valle del Cauca, donde se desarrollan proyectos estratégicos.

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Infraestructura

EL TIEMPO

Proyecciones empresariales a cinco años

La encuesta de 2025 registra una mejora en las proyecciones a cinco años para las operaciones empresariales. Las empresas de servicios públicos, constructoras y banca de inversión son las más optimistas. En 2024, la proporción de empresas que anticipaban una reducción en sus operaciones era más alta. En ambas ediciones, las principales causas para prever una contracción de operaciones siguen siendo las dificultades con licenciamiento y el cierre financiero de los proyectos.

“La reducción de tasas de interés a comienzos de 2025 favorece las condiciones de financiación. El discurso oficial hacia las asociaciones público-privadas se ha moderado, generando un entorno menos hostil hacia la inversión privada. A pesar de ello, persisten alertas por el deterioro fiscal y la lentitud en la ejecución de proyectos estratégicos”, manifiestan.

Esto da como resultado que el 37 % de los encuestados manifestaron que si se mantuvieran las condiciones actuales expandiría sus operaciones, el 59 % las mantendrá igual y el 5 % las reducidrá. Estas cifras reflejan una mejoría respecto 2024, donde quienes bajarían sus operaciones corresponden al 20 % de los encuestados.

Respecto a este último, la razón principal para hacerlo es la falta de estabiliad jurídica y regultaroria (18%), seguido por la falta de Gobierno (18%) y las dificultades para obtener permisos y licencias (16%).

Riesgos estructurales: persistencia y transformación

El panorama de riesgos en 2025 muestra una evolución tanto en frecuencia como en tipo. La frecuencia de materialización de riesgos aumentó respecto a 2024, y se mantiene la percepción de que las empresas enfrentan un entorno de mayor fragilidad. Inestabilidad jurídica y regulatoria, conflictos sociales y riesgo reputacional encabezan el listado de amenazas. En cuanto a la gestión de estos riesgos, aunque mejora la percepción sobre la preparación empresarial, sigue siendo limitada la proporción de expertos que considera adecuada la respuesta del sector.

Por otro lado, en 2025, el 79% de los expertos considera que Colombia es un país atractivo para invertir en infraestructura. Este porcentaje contrasta con la percepción más dividida del año anterior. La expectativa de una transición política con apertura institucional y estabilidad fue citada como factor clave. En 2024, la baja adjudicación de nuevos proyectos y el anuncio de reformas sin implementación efectiva limitaron la confianza del mercado.

Por otro lado, se observa un aumento en la proporción de empresas que cuentan con áreas especializadas en inversión social, responsabilidad social o diálogo comunitario. En 2025, estas capacidades se asocian directamente con una menor vulnerabilidad ante conflictos territoriales o presencia de actores armados. Asimismo, se evidencia una mayor adopción de herramientas internas de gestión del riesgo, aunque persisten brechas entre subsectores.

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Infraestructura vial

Infraestructura vial

ANI

Por otro lado, el estudio deja en claro que las prioridades declaradas para la inversión en infraestructura muestran un cambio hacia sectores de conectividad y sostenibilidad. Transporte, transición energética y agua/saneamiento se posicionan como los principales focos para los próximos años, en consonancia con las nuevas agendas corporativas e institucionales.

Así mismo, una de las preocupaciones constantes entre los expertos es la reducción en la participación en licitaciones y procesos de contratación. En ambos años analizados, los factores más señalados para abstenerse fueron la incertidumbre regulatoria y las condiciones poco transparentes de los procesos. La presencia de corrupción y barreras institucionales fueron mencionadas de forma reiterada.

PAULA GALEANO BALAGUERA
Periodista de Portafolio



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