Las bases de datos de ADN con fines judiciales son herramientas utilizadas en varios países para identificar responsables de delitos, esclarecer casos sin resolver y evitar que inocentes sean condenados. Estas bases almacenan perfiles genéticos de personas condenadas o imputadas y permiten compararlos con el ADN recolectado en escenas del crimen, facilitando así la identificación de posibles responsables de manera rápida, precisa y confiable. Estos sistemas respetan derechos fundamentales al limitar su uso exclusivamente a fines de identificación penal. Su uso está estrictamente regulado: no contienen información médica, solo cadenas codificadas que sirven para identificar a una persona, como si fuera una huella dactilar genética.
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