El Tribunal Constitucional acumula ya 10 recursos de otras tantas comunidades autónomas contra el decreto ley que regula las obligaciones de los Gobiernos autonómicos en relación con el reparto de menores no acompañados. En su pleno de este martes, el órgano de garantías ha admitido a trámite seis recursos de inconstitucionalidad, que se unen a los cuatro que ya habían sido asumidos por el órgano de garantías. En su mayoría, estas impugnaciones cuestionan la normativa estatal por estimar que supone una invasión de competencias y una vulneración de los preceptos constitucionales a los que debe sujetarse toda normativa que revista los caracteres del decreto ley apelando a razones de necesidad y urgencia para ser promulgada.
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