La dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) aseguró que la detención de su militante Karina Barrón Perales, ocurrida el 2 de marzo en Monterrey, forma parte de una persecución política impulsada por Morena y Movimiento Ciudadano (MC), en un contexto previo al proceso electoral de 2027.
Barrón se desempeñaba como secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva del municipio de Monterrey y actualmente enfrenta un proceso penal por los presuntos delitos de extorsión y falsedad de declaraciones, de acuerdo con información oficial y reportes difundidos tras su aprehensión.
Posicionamiento del PRI ante el proceso judicial
En un comunicado público, el PRI sostuvo que el caso en Nuevo León refleja un uso político de las instituciones de procuración de justicia con el objetivo de debilitar a la oposición.
El partido afirmó que su militante ha sido crítica de decisiones gubernamentales y que el proceso en su contra se da en medio de un clima de confrontación política.
La dirigencia nacional señaló que la medida cautelar dictada contra Barrón no constituye una sentencia y recordó que la presunción de inocencia es un derecho constitucional.
También expresó preocupación por la difusión anticipada de información relacionada con el caso, al considerar que puede influir en la opinión pública antes de que exista una resolución judicial definitiva.
El PRI adelantó que llevará el tema a las Cámaras de Diputados y de Senadores, y que evaluará acudir a instancias nacionales e internacionales para exponer lo que considera un posible uso indebido del aparato institucional.
Origen de la denuncia y contexto legal
La investigación se inició tras una denuncia presentada por el senador de Morena Waldo Fernández, quien acusó a Barrón de presuntamente haber presentado información falsa en su contra.
A partir de esa querella, la autoridad ministerial abrió una carpeta de investigación que derivó en su imputación formal.
El caso se encuentra en etapa procesal y será un juez quien determine su situación jurídica conforme avancen las audiencias y se valoren las pruebas presentadas por las partes involucradas.
Delitos que se le imputan a Karina Barrón
De acuerdo con los señalamientos dados a conocer por las autoridades, a la exfuncionaria se le atribuyen:
- Presunta extorsión.
- Falsedad de declaraciones ante una autoridad.
- Supuestamente proporcionar o alterar información falsa en una denuncia relacionada con el senador Waldo Fernández.
Hasta el momento, no se ha dictado una sentencia en su contra.
Reacciones y debate político rumbo a 2027
El posicionamiento del PRI ocurre en un escenario de creciente tensión entre fuerzas políticas en Nuevo León.
El partido advirtió que cuando el poder público se utiliza para perseguir adversarios, se pone en riesgo la legalidad y la división de poderes, además del derecho de la ciudadanía a contar con una oposición libre.
Por su parte, desde Morena no se ha emitido un posicionamiento oficial en respuesta a las acusaciones del PRI en los comunicados citados, mientras que el proceso judicial continúa su curso en tribunales locales.
El desarrollo del caso podría tener implicaciones en el clima político rumbo a las elecciones intermedias de 2027, en un contexto donde los partidos ya perfilan estrategias y posicionamientos en la entidad y a nivel nacional.
