La Corte Constitucional ha dado su visto bueno a la emergencia económica decretada en febrero pasado por el presidente Gustavo Petro, con la que buscaba atender las emergencias desatadas por la ola invernal en varios departamentos del norte de Colombia a través de medidas sin que deban pasar por el Congreso. La aprobación, sin embargo, es parcial: el alto tribunal ha decidido que no tendrán validez aquellas medidas extraordinarias relacionadas con el mercado de la energía ni con la distribución de tierras, al considerar que ambos asuntos no guardaban relación con la crisis y tienen un origen estructural que no se puede solucionar a través de decretos. Además, limita las medidas restantes a las zonas efectivamente afectadas por la crisis.
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