Un juez de Paz de la localidad de Aguaray, al norte de Salta, fue condenado mediante un juicio abreviado a un año de prisión condicional y dos años de inhabilitación tras reconocer que retuvo dinero correspondiente a cuotas alimentarias depositadas en el juzgado que estaba bajo su cargo, y no lo entregó a las beneficiarias. Además, deberá resarcir a las víctimas por un monto superior al medio millón de pesos.
La sentencia se conoció este jueves en la Sala II del Tribunal de Juicio de Tartagal, contra Freddy Josué Chocobar. El caso surgió a partir de denuncias sobre irregularidades en el cobro de cuotas alimentarias. Según detallaron, el procedimiento habitual comprendía el depósito que hacía el padre en el órgano judicial de primera del monto fijado judicialmente y la expareja lo retiraba en efectivo desde esa dependencia. Pero el dinero no llegaba completo.
Un denunciante aseguró que el acusado le había entregado a la beneficiaria apenas $100.000, cuando la cuota establecida ascendía a $370.000. Una segunda denuncia reveló una situación similar, en donde la víctima también era una mujer que llegó al juzgado a retirar los fondos depositados con el mismo fin y tampoco recibió el monto que le correspondía.
Chocobar contaba con inmunidad constitucional por su condición de magistrado, lo que obligó al fiscal penal de Salvador Mazza, Jorge Armando Cazón, a impulsar el desafuero. Para eso, instó formalmente a la Corte de Justicia de Salta —órgano con potestad disciplinaria sobre esos magistrados en la provincia— a levantar esa protección. El máximo tribunal provincial lo aprobó por unanimidad y dispuso además la suspensión provisoria del juez en su cargo. Con esa resolución, adoptada en diciembre de 2025, el Ministerio Público Fiscal quedó habilitado para avanzar con el proceso penal.
En la audiencia de juicio areviado celebrada este jueves, Cazón estuvo al frente de la representación del MPF, donde Chocobar -sometido a la jurisdicción ordinaria- admitió que en el primer caso una mujer se presentó al juzgado a retirar $370.000 y no recibió ese dinero, y que una situación idéntica se repitió con una segunda beneficiaria. De acuerdo con lo informado por la Fiscalía, el juez Anastasio Vázquez Sgardelis encuadró la conducta en los delitos de administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso real, por ambos hechos.
La pena acordada incluyó un año de prisión de ejecución condicional, lo que signifca que el acusado quedó bajo un régimen de reglas de conducta y no irá a la cárcel a menos que cometa otro delito en ese tiempo, entonces la pena condicional se vuelve efectiva.
Además, quedó inhabilitado para el ejercicio de su función por un perído de dos años y deberá restituir a las dos mujeres perjudicadas un total de $690.000. Según aclaró el MPF, la primera cuota ya fue depositada al momento del cierre de la audiencia y el resto de los pagos deberá completarse conforme al cronograma fijado en la sentencia.
Como parte de las condiciones del proceso, Chocobar quedó obligado a fijar residencia, someterse al control del Programa de Inserción Social y Control de Presos y Liberados, y abstenerse de acercarse a menos de 300 metros de las víctimas y sus familias, así como de ejercer actos de amenaza o cualquier forma de violencia —física o psíquica— contra ellas.
