Colombia tiene 15 millones de campesinos. Son quienes cultivan su famoso café, los que alimentan a millones en las ciudades, quienes sufren cada acuerdo de paz que se rompe y cada grupo armado que crece. Sin embargo, para su ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, el Estado no debe usar esa palabra. El funcionario encendió la indignación cuando, en pleno Congreso de la República, aseguró que “campesino” es un término despectivo. “Vamos a elevarle el estatus a los que producen los alimentos del país”, dijo, y propuso enterrar una palabra que es reconocida por la ley y desde hace tres años representa a una población que es sujeto de especial protección, para reemplazarla por una más propia del lenguaje del mundo corporativo o de una startup: “pequeños empresarios del campo”.
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