El titular de la Audiencia Nacional que lleva el caso Leire Díez, Santiago Pedraz, ha decidido no imputar, de momento, al PSOE. La decisión llega después de que el PP solicitara esa imputación en plena precampaña electoral, una petición que, por ahora, no ha tenido recorrido. “Aunque los hechos pudieran presentar en abstracto apariencia delictiva por parte del PSOE, no se incorpora aún un elemento o principio de prueba que avale razonablemente su realidad”, ha afirmado Pedraz en el auto publicado este viernes.
El caso investiga una presunta red orquestada para interferir en actuaciones judiciales, con la exmilitante socialista Leire Díez y el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, como figuras centrales de la trama. Según fuentes jurídicas citadas por El País, Pedraz se ha inclinado por la postura de la Fiscalía Anticorrupción, que consideraba precipitado dar ese paso mientras sigan abiertas diligencias por completar. El auto reconoce que existen indicios sobre la implicación del partido con sede en la calle Ferraz, pero califica de “prematura” cualquier imputación en este momento del proceso.
Pedraz espera nuevas diligencias antes de resolver sobre la imputación
El juez Pedraz descarta por el momento atribuir al PSOE la condición de persona jurídica investigada, aunque no cierra esa posibilidad si surgen nuevas pruebas. El sumario documenta un presunto plan para frenar las causas abiertas entre 2024 y 2025 contra figuras cercanas al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), entre ellas el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y personas del entorno del presidente del Gobierno, como su esposa, Begoña Gómez, y su hermano David Sánchez.
El expediente recoge contactos entre Leire Díez y el empresario Javier Pérez-Dolset en busca de información para comprometer a fiscales, jueces y agentes de la Guardia Civil, con el objetivo de “erosionar” su “credibilidad”. También se investiga si desde la cúpula de la Guardia Civil se presionó a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), encargados de buena parte de las pesquisas. Pedraz aún no ha tomado declaración a Díez ni a Santos Cerdán, que figura solo como testigo, como investigado. Resta también el informe de la UCO sobre 81 cuentas bancarias, seis del PSOE, para rastrear posibles pagos a la exmilitante.
El auto se apoya en el artículo 31 bis del Código Penal, que exige un principio de prueba sobre la responsabilidad autónoma del partido, no solo sobre la conducta de sus dirigentes. El juez señala cinco vacíos: si Cerdán actuó en nombre del PSOE; el origen y destino de los fondos usados en los pagos; si la organización obtuvo un beneficio directo; si hubo un fallo estructural de control interno, y la solidez de los nuevos delitos planteados por la acusación popular —malversación, blanqueo y financiación ilegal—, que aún requieren análisis documental. “No puede imputarse al PSOE automáticamente por los hechos de Cerdán o de la gerente”, sostiene el auto.
Pedraz y la Fiscalía coinciden en practicar antes las diligencias pendientes: analizar la documentación incautada al PSOE, revisar los movimientos patrimoniales y escuchar a Cerdán y otros investigados. El magistrado entiende que las sospechas justifican seguir investigando, pero que todavía no hay base suficiente para imputar formalmente al partido.
El PP pidió la imputación un día después de conocerse el adelanto electoral
La petición del PP llegó apenas veinticuatro horas después de que Pedro Sánchez anunciara el adelanto electoral. Los populares, que lideran el bloque de acusaciones en la causa, reclamaron la imputación del PSOE como persona jurídica por cinco presuntos delitos: cohecho, tráfico de influencias, blanqueo, financiación ilegal y malversación. En su escrito, la formación que preside Feijóo argumentaba que “todas” las “actuaciones delictivas” atribuidas a la trama buscaban “proteger los intereses” del partido socialista, motivo por el cual, a su juicio, correspondía actuar de inmediato contra la formación como tal.
Los populares señalan directamente a Santos Cerdán y también a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, que permanece investigada. Según plantea la acusación, el hecho de que personas con cargos de responsabilidad dentro de la formación estuvieran implicadas demostraría que no se trataba de actuaciones ajenas al partido. A ese argumento se suma otro: el PSOE habría carecido de mecanismos de control suficientes para impedir que sus responsables utilizaran recursos de la organización con fines delictivos.
El escrito sostiene que Cerdán tuvo capacidad para disponer de medios del partido sin que existiera un sistema interno que limitara o fiscalizara sus actuaciones. La formación socialista, por su parte, ha optado hasta ahora por circunscribir la responsabilidad de los hechos investigados a actuaciones individuales, con el foco puesto sobre su antiguo secretario de Organización.
