El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, se mueve con soltura en los espacios ambientales de la sociedad civil. Conoce sus lenguajes, sus agendas y a muchos de sus protagonistas. Esa cercanía ha producido un silencio que se está volviendo insostenible, porque mientras los problemas estructurales del sector siguen sin resolverse, el ministro toma decisiones que borran por medio de decretos lo que comunidades y organizaciones hemos construido durante años, sentencia a sentencia. Dos de ellas lo muestran con claridad: la revocatoria del Decreto 973 de 2026, que regulaba el mercado de carbono, y un borrador de decreto que permite que la consulta previa y el licenciamiento ambiental avancen en paralelo. Ambas chocan con la Constitución de 1991 y con los estándares fijados por la Corte Constitucional.
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