Organizaciones de la sociedad civil y del sector salud advirtieron que los cambios al esquema de impuestos al tabaco que se discuten en el Congreso podrían tener efectos contrarios a los objetivos de prevención del tabaquismo.
Red PaPaz, la Liga Colombiana Contra el Cáncer, Fundación Anáas, ReCeTa Colombia y NATTI pidieron mantener durante la conciliación el texto aprobado por el Senado, al considerar que una alternativa distinta podría aumentar el número de fumadores y las muertes prematuras.
Según información publicada por Blu Radio, el llamado se produjo después de conocerse una microsimulación académica que comparó los efectos de las propuestas aprobadas por Senado y Cámara de Representantes. El análisis fue elaborado por investigadores de la Universidad del Rosario, la Universidad Icesi, a través de Proesa, y Tabaconomía, de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile.
El estudio estimó que, si en la conciliación prevalece el texto aprobado por la Cámara de Representantes, Colombia podría registrar 92.450 fumadores adicionales de cigarrillos convencionales y 46.408 muertes prematuras más a lo largo de la vida de la población analizada.
En contraste, si se mantiene la propuesta aprobada por el Senado el pasado 4 de noviembre, la proyección indica que podrían evitarse 52.180 fumadores y 18.143 muertes prematuras.
Organizaciones cuestionan argumento sobre contrabando
Uno de los puntos planteados durante la discusión legislativa es el posible aumento del comercio ilegal como consecuencia de una mayor carga tributaria sobre los productos de tabaco.
Guillermo Paraje, profesor de Tabaconomía de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, sostuvo que no existe evidencia en América Latina que demuestre que los incrementos de impuestos produzcan automáticamente un aumento del contrabando.
De acuerdo con el comunicado citado, las estimaciones de comercio ilícito presentadas por la industria tabacalera en la región son entre 1,4 y 3,6 veces superiores a las mediciones independientes.
Además, un estudio realizado en Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Cúcuta calculó que el comercio ilegal representaba el 16,9 % del consumo de cigarrillos en esas cinco ciudades durante 2023.
Las organizaciones consideran que estos datos deben ser tenidos en cuenta durante la conciliación para evitar que el argumento del contrabando termine modificando una política tributaria diseñada para desincentivar el consumo.
Consumo entre menores también genera preocupación
Otro de los puntos incluidos en el llamado está relacionado con el consumo de tabaco y cigarrillos electrónicos entre niños y adolescentes.
Según el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar de 2022, cerca de 11 de cada 100 estudiantes entre 12 y 18 años habían probado cigarrillos convencionales.
En el caso de los cigarrillos electrónicos, la cifra era mayor: alrededor de 23 de cada 100 estudiantes reportaron haber utilizado estos dispositivos. En ambos casos, la mitad de quienes los habían probado señaló que comenzó a los 14 años o antes.
Las organizaciones sostienen que estos datos refuerzan la necesidad de mantener medidas que desincentiven el consumo de productos de tabaco y nicotina, especialmente entre menores de edad.
El proyecto todavía debe superar la conciliación entre Senado y Cámara de Representantes. Después de esa etapa, el texto definitivo deberá ser aprobado por las plenarias de ambas corporaciones antes de pasar a sanción presidencial.
Para Red PaPaz, la Liga Colombiana Contra el Cáncer, Fundación Anáas, ReCeTa Colombia y NATTI, la decisión que tome el Congreso será determinante para definir si la reforma fortalece o debilita las herramientas de prevención del tabaquismo.
El debate, por tanto, no se limita al nivel de recaudo que pueda generar el impuesto. También incluye su posible impacto sobre el número de fumadores, la mortalidad prematura, el consumo entre menores y la capacidad de la política pública para reducir el uso de cigarrillos y otros productos de nicotina en Colombia.
