El desfinanciamiento en salud también tocó a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) públicas, en medio de la difícil coyuntura económica que está atravesando el sistema colombiano.
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El centro de pensamiento Así Vamos en Salud, reveló que los principales desafíos de estas instituciones se enmarcan en gran medida en áreas críticas como el desequilibrio presupuestal, la operatividad de las Empresas Sociales del Estado (ESE), que perjudican el funcionamiento de las mismas y que terminan impactando las atenciones de los pacientes.
En materia presupuestal, Así Vamos en Salud destacó que la cartera total de las ESE muestra una tendencia al alza entre 2018 y 2023 de 47,4%, alcanzando este último año una deuda total por $12,4 billones.
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Dentro del periodo analizado, desde el 2020 la tendencia al alza se ha mantenido, pero fue en la vigencia de 2022 a 2023 donde el incremento de la cartera alcanzó su nivel más alto saltando un 16,6%, de un año a otro.
En ese sentido, al observar la distribución de la cartera por niveles de atención, se estima que el número tres concentra en la última vigencia (2023) el 40,9% de la deuda total con uno $5,07 billones. Seguido se encuentra el nivel dos con $4,75 billones (38,3%) y el uno con $2,57 billones (20,7%). “Se debe indicar que el nivel 3 de atención concentra el mayor valor de la cartera; es aquel con la menor cantidad de ESE con el 6,7% del total”, dice el informe.
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Por otra parte, respecto a la edad de morosidad, durante el 2023, el 55,2% de la cartera correspondió a deudas de más de 360 días que equivalen a unos $6,8 billones, mientras que el 13,7% de entre 181 a 360 días. También, el 17,6% a fue entre 61 y 180 días, y el 13,6% a deudas de menos de 60 días.
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En los tres niveles de atención se observa que la cartera superior a los 360 días es la de mayor participación con una concentración superior en el tercer nivel, alcanzando un valor de $2,9 billones que equivalen al 43,3% del total de la deuda mayor a 360 días. En segundo lugar, se encuentra la cartera de 61 a 180 días, la cual representa el 17,6% del total y que corresponde a $2,1 billones, de los cuales el 41,8 % pertenece al segundo nivel de atención.
Si se analiza la información por tipo de deudor, el centro de pensamiento detalló que el régimen subsidiado es el que mayor proporción de deuda de cartera concentra con un 55,3%, correspondientes a $6,86 billones. Seguido del régimen contributivo con el 20,3% que significaron $2,52 billones.
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Esto explica que tanto las EPS del subsidiado, como las del contributivo tienen el 75% de la cartera total de estas entidades. “Se puede observar que la composición del tipo de deudor en cada nivel de atención es similar; es decir, la distribución de la cartera por tipo de deudor se distribuye de forma semejante en cada nivel de atención”, mencionan.
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En el análisis de los gastos presupuestales durante los últimos años, se observa una tendencia definida en la distribución de los recursos y un crecimiento significativo del presupuesto comprometido.
En promedio, los gastos de funcionamiento han representado el 63,7% del total a lo largo del periodo analizado, consolidándose como el principal rubro presupuestal. A estos les siguen los gastos de operación y prestación de servicios, que constituyen el 17,3%, y las cuentas por pagar de vigencias anteriores, con una participación promedio del 12,3%, manteniéndose entre un rango del 11,8% al 12,8%, respectivamente.
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El presupuesto comprometido también ha registrado un crecimiento destacado. En el año 2019, se ubicó en $14,7 billones. Sin embargo, para los años 2022 y 2023, esta cifra alcanzó los $19,8 billones y $23,8 billones, respectivamente, lo que refleja un crecimiento promedio anual del 12,9%. Este incremento fue particularmente marcado entre 2022 y 2023, periodo en el que se registró un alza del 20,1%, la más alta en el tiempo estudiado.
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Operación y riesgo
Ahora bien, otro de los desafíos que señalan dentro del informe se refiere al deterioro en las condiciones de las ESE para operar. Frente a esto se reveló que existe un “marcado” incremento de estas empresas en el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero (PSFF), pasando de 190 instituciones en 2023, a 281 en el presente año.
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Del total de las 281 ESE en PSFF de la medición para 2024, el 19,6% (55) corresponden a empresas ubicadas en municipios rurales dispersos y el 33,1% (93) en municipios rurales; quiere decir que más del 50% de estas se encuentran en regiones rurales dispersas del país.
También, categorizaron el riesgo, donde en 2024 se establecieron 107 ESE, que representan un 11,6%, en el nivel bajo. En cuanto al riesgo medio, en la vigencia 2019 y 2023 se mantuvo en 41 y 43, respectivamente, y para el año 2024 disminuyó en 48,8% con 22 empresas.
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Un análisis por departamentos revela que Antioquia es la región con mayor concentración de Empresas Sociales del Estado evaluadas en 2024, representando el 13,34% del total, equivalente a 123 entidades. Le siguen Boyacá con el 11,39% (105), Santander con el 9,0% (83), Nariño con el 7,3% (68), Valle del Cauca con el 5,7% (53), Cundinamarca con el 5,5% (51) y Tolima con el 5,3% (49).
En conjunto, estos siete departamentos concentran el 57,7% de las ESE evaluadas a nivel nacional, dejando el 42,3% restante distribuido entre las demás regiones.
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Recaudo de las ESE
El análisis financiero de las Empresas Sociales del Estado (ESE) del país refleja un panorama preocupante, de acuerdo con la investigación de Así Vamos en Salud, al cierre de la vigencia 2023. Según los datos disponibles, el déficit presupuestal ascendió a $2,1 billones, mientras que en 2022 se había registrado un déficit de $1,8 billones. Estas cifras excluyen las cuentas por cobrar y pagar de vigencias anteriores.
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Cuando se incluyen estas cuentas acumuladas, el déficit registrado en 2023 es de $905.830 millones, frente a los $387.966 millones de 2022, lo que representa un alarmante incremento del 133,5% en tan solo un año.
En cuanto a la capacidad de recaudo en relación con el ingreso reconocido por niveles de atención, los resultados también son dispares. Durante las vigencias de 2022 y 2023, el primer nivel de atención mostró el mayor porcentaje de recaudo, alcanzando un sólido 83,2%.
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Este desempeño, destacan, supera considerablemente al segundo nivel, que registró un recaudo del 64,1%. Por su parte, el tercer nivel alcanzó un 69,4% en 2023, evidenciando una mejoría moderada pero insuficiente para compensar el déficit global.
“Este informe busca no solo proporcionar herramientas claras para entender el panorama financiero de las IPS públicas, sino también empoderar a los ciudadanos y promover un diálogo constructivo para avanzar hacia un sistema más transparente, sostenible y equitativo”, concluyeron.
