A comentarios, salió el proyecto de decreto por medio del cual el Gobierno Nacional busca avanzar en los conceptos de favorabilidad para las operaciones de crédito externo, cuya finalidad es obtener recursos para la financiación de planes de desarrollo económico y buscar el equilibrio de la balanza de pagos.
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Esta comisión puede tomar dos decisiones, la primera es aprobar dichos conceptos o la segunda es no hacerlo, en caso de que este organismo no emita concepto favorable el Ejecutivo puede apartarse de sus recomendaciones, dado que tal concepto no tiene carácter vinculante.
Así las cosas, el proyecto de decreto establece que los miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público sean convocados de forma ordinaria por el Ministro de Hacienda y Crédito Público o el Viceministro, como mínimo con ocho días corrientes de antelación; la cual podrá ser remitida por cualquier medio verificable. La respectiva reunión se llevará a cabo en las instalaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, salvo que el Ministerio disponga otra cosa.
“Ningún contrato de crédito externo que celebre o garantice el Gobierno será válida si la Comisión Interparlamentaria asesora creada por la Ley 123 de 1959 no ha sido convocada previamente por el Gobierno con el fin de informarla”, señala el proyecto de decreto.
Vale resaltar que se han venido presentando varias citaciones en los últimos meses, pero de los asuntos a estudiar solo se ha podido avanzar con uno y fue el de dar favorabilidad a un crédito de transición energética por $138,5 millones. Los demás han quedado en stand by por falta de quórum.
Ministerio de Hacienda.
¿Qué es lo que propone la normativa?
A finales de noviembre de este año, desde el Gobierno se expidió una norma con la que se buscaba hacer más ágil el proceso de convocatoria de los parlamentarios y solicitar el aval final para cupos de endeudamiento aprobados previamente por la Cámara de Representantes y el Senado de la República.
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Allí se estableció que “En caso de que, habiendo sido convocada en dos ocasiones en los términos establecidos, en particular dando cumplimiento a lo indicado en el artículo 2.2.1.6.7. del presente Decreto, la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público no rinda el respectivo concepto en los siguientes treinta (30) días calendario a la fecha de la segunda convocatoria, se entenderá cumplido el requisito y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá continuar con el trámite para la autorización y celebración de las operaciones de crédito público”, señaló ese documento.
La modificación que se realizará con esta nueva normativa que estará disponible para comentarios hasta el 18 de diciembre de este año, es que en caso de que no se logre convocar una sesión por más de dos veces se entenderá como concepto desfavorable el tema a tratar, con lo que el Gobierno podrá avanzar en dichos trámites.
“En caso de que, habiendo sido convocada en dos ocasiones en los términos establecidos, en particular dando cumplimiento a lo indicado en el artículo 2.2.1.6.7. del presente Decreto, la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público no rinda el respectivo concepto en los siguientes treinta (30) días calendario a la fecha de la segunda convocatoria, se entenderá que aquel concepto es desfavorable y, en consideración a su carácter no vinculante, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá continuar con el trámite para la autorización y celebración de las operaciones de crédito público, excepto si advierte la ocurrencia de la situación a la que alude el artículo 3 de la Ley 18 de 1970”, señala el proyecto de decreto.
Es de mencionar que esta Comisión Interparlamentaria de crédito público, está compuesta por seis miembros, elegidos por cada una de las Comisiones Terceras Constitucionales mediante el sistema de cuociente electoral, a razón de tres miembros por cada Comisión.
“En otras palabras, para que el Gobierno o la entidad estatal pueda proceder a gestionar una operación de crédito público externo, debe informar a dicha Comisión, y en caso de que este organismo no emita concepto favorable el Ejecutivo puede apartarse de sus recomendaciones, dado que tal concepto no tiene carácter vinculante”, resalta el documento.
LEIDY RUIZ
Periodista de Portafolio
