La Contraloría General de la República, en una carta dirigida al director general del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López Maya, hizo varias advertencias sobre una posible “inviabilidad” del aplazamiento de las apropiaciones presupuestales de inversión para la vigencia 2025.
En la carta, la entidad menciona que el presupuesto de inversión que habían solicitado en el Presupuesto para el próximo era de un monto superior a los 424.800 millones de pesos, mientras que en lo aprobado esta cifra retrocedió 56,05%, quedando en poco más de 186.700 millones de pesos.
(Puede leer: Nuevo Minhacienda mantiene la línea de buscar mayores reducciones a las tasas).
“En este contexto procedemos a atender la solicitud realizada por la Dirección de Programación de Inversiones Públicas del Departamento Nacional de Planeación en cuanto a proponer el monto a aplazar por cada proyecto de inversión para la vigencia 2025, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 76 y 77 del Decreto 111 de 1996, y en el marco de las disposiciones fiscales establecidas por el Gobierno Nacional“, mencionó la Contraloría.
Y agregó: “Siendo que se nos informa que ‘El aplazamiento para su entidad deberá totalizar la suma de $ 133.901.334.901, y solo podrá realizarse para aquellos proyectos que cuenten con la fuente 10 (recursos corrientes)’, valor que corresponde a la totalidad de los recursos de inversión aprobados para la CGR en el Decreto 1523 de 2024, por lo que la propuesta de aplazamiento no resulta viable ni conveniente para el cumplimiento de sus fines misionales“.
Carlos Hernán Rodríguez, Contralor General de la República.
Cortesía.
Los motivos de la inviabilidad
En primer lugar, la Contraloría mencionó que el aplazamiento afectaría el avance del proceso de modernización tecnológica, ralentizando la actualización de los sistemas y herramientas digitales, que son fundamentales para mejorar la eficiencia operativa. Esto incluiría la actualización de plataformas de gestión administrativa, sistemas de seguridad cibernética y herramientas de análisis de datos.
“Sin los recursos necesarios, sería más difícil implementar tecnologías emergentes como la automatización de procesos, análisis predictivo y soluciones de Big Data, las cuales son fundamentales para mejorar la vigilancia y control fiscal, la auditoría y la toma de decisiones. Además, la falta de recursos dificultaría la integración de sistemas de análisis de datos en tiempo real y la optimización de la gestión de bases de datos relacionadas con la contratación pública, lo cual es crucial para fortalecer la fiscalización y la transparencia“, dice la entidad.
(Le puede interesar: Banco de la República redujo a 9,50% las tasas de interés en su última reunión de 2024).
La Contraloría también resaltó que, sin los recursos “necesarios“, no podría procesar grandes volúmenes de información de manera eficiente, lo que afectaría su capacidad para tomar decisiones informadas y fundamentadas en tiempo real.
Menciona también que esta medida comprometería el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y física de la entidad, así como la conectividad de los sistemas de información, la actualización de equipos informáticos y servidores, como la modernización de las instalaciones físicas.
Presupuesto General de la Nación.
iStock
“La falta de los recursos necesarios afectaría, además, el fortalecimiento continuo de la plataforma tecnológica e informática institucional, que incluye la infraestructura tecnológica (hardware, software, comunicaciones), las capacidades para operar los servicios y el talento humano, entre otros, así como los diferentes sistemas de información y el licenciamiento tanto de los negocios misionales como de apoyo y operación. El fortalecimiento del sistema de comunicaciones de la red de datos también se vería comprometido, especialmente la ampliación del ancho de banda de los canales de comunicación de la WAN y el fortalecimiento del Centro de Datos“, menciona la Contraloría.
Y añade: “Esto es particularmente crítico, ya que se requiere mayor capacidad para el alojamiento de servidores, canales de Internet y cableado, así como equipos activos de borde, AP y Core de Data Center. La adquisición de equipos de comunicaciones (switches) y AP, para el nivel central y desconcentrado, también estaría en riesgo. Todo esto, incluido el soporte y las garantías necesarios, impediría una adecuada prestación de servicios a los usuarios internos y externos, limitando la implementación de nuevos servicios tecnológicos, como el uso de inteligencia artificial, procesos de analítica de datos y el procesamiento de Big Data. En consecuencia, se vería afectado el fortalecimiento de la infraestructura y la analítica de datos, lo que impactaría negativamente el cumplimiento de la misión de la Contraloría General de la República“.
(Siga leyendo: Pasaporte colombiano: ¿cuáles serán los horarios de atención en Navidad y Año Nuevo?).
En cuanto a la gestión documental, la institución menciona que se dificultaría la conservación, actualización y digitalización de la documentación histórica, lo cual es esencial para cumplir con la Ley General de Archivos en el sentido de garantizar que los documentos, expedientes y archivos, estén disponibles para entidades de control fiscal, disciplinario, Fiscalía General de la Nación, jueces de la República, entidades con funciones administrativas.
Explica que “esto afectaría la accesibilidad, organización y preservación de los documentos, lo que podría impactar negativamente la transparencia y la rendición de cuentas. Sin los recursos necesarios para implementar un sistema adecuado de gestión documental, se dificultaría la trazabilidad de la información y el acceso oportuno a los datos relevantes para la auditoría y el control“.
Presupuesto General de la Nación
iStock
Así mismo, asegura que se restringiría el desarrollo de competencias y capacitación de los funcionarios de la entidad. Si no se lleva a cabo una adecuada capacitación para el desarrollo de competencias de los funcionarios de la CGR, la entidad enfrentaría serias dificultades para cumplir con su misión de manera eficiente. La falta de habilidades en áreas clave, limitaría la capacidad de los funcionarios para enfrentar los retos del control fiscal.
Por último, de darse el aplazamiento, la Contraloría asegura que se vería reducida su capacidad para evaluar el cumplimiento de las políticas públicas de manera efectiva. Esto dificultaría la supervisión adecuada de los resultados de los programas gubernamentales, limitando la capacidad de identificar si se están cumpliendo los objetivos establecidos.
“Sin los recursos necesarios, la CGR no podría realizar las actuaciones de manera oportuna, lo que comprometería la efectividad del control y la transparencia en la ejecución de los recursos públicos. A largo plazo, esto podría generar una falta de retroalimentación crítica para mejorar la gestión pública y reduciría la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de fiscalizar el uso de los recursos públicos“, cierra.
PORTAFOLIO
