Las propuestas de asegurar una trazabilidad completa en los expedientes académicos y administrativos y de proteger la equidad en los concursos públicos ante el creciente financiamiento privado destacaron durante una de las últimas sesiones parlamentarias vinculadas a la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Este enfoque renovado surgió en el contexto de la comparecencia de Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de la UCM y testigo en el “caso Begoña Gómez”, quien fue interrogado en el Senado sobre la relación entre la universidad y la influencia de agentes externos en los procedimientos de adjudicación y méritos académicos. Según consignó Europa Press, la comisión senatorial centró sus preguntas y propuestas en robustecer la rendición de cuentas y la transparencia universitaria mediante la digitalización extensa de procedimientos y un refuerzo de los controles internos.
De acuerdo con el reporte de Europa Press, los legisladores abordaron de manera prioritaria la integración de tecnologías y auditorías independientes como medio para blindar la UCM frente a la posible injerencia de intereses ajenos en la toma de decisiones institucionales. La preocupación principal se orientó hacia la autonomía universitaria ante la expansión de convenios y la captación de fondos privados, representados en parte por figuras como Juan Carlos Barrabés, cuya presencia en decisiones universitarias fue mencionada durante la sesión. Esta inquietud se tradujo en propuestas para actualizar tanto la normativa general como los reglamentos internos, con miras a responder a la complejidad que introduce la colaboración con el sector privado y la competencia internacional.
Europa Press detalló que durante su intervención, Doadrio indicó que la Universidad Complutense dispone de auditorías internas y evaluaciones técnicas ejecutadas por especialistas ajenos a la dirección, medidas que sirven como primer filtro para evitar posibles intervenciones externas en la asignación de plazas y la tramitación de expedientes académicos. El exvicerrector resaltó la importancia de esta arquitectura de control, pero la comisión insistió en que la llegada de financiación privada y la globalización universitaria requieren una adaptación continua de los mecanismos para preservar la objetividad y la imparcialidad.
Otro foco del debate, según publicó Europa Press, fue la propuesta de digitalizar integralmente los procesos vinculados a concursos públicos, reconocimientos de méritos y homologación de títulos, a fin de dotar de mayor trazabilidad y apertura la gestión interna de la universidad. Legisladores defendieron la necesidad de herramientas digitales que permitan el acceso público a registros, evaluaciones y tramitaciones, facilitando así la supervisión tanto institucional como social del funcionamiento académico y administrativo.
Según la documentación citada por Europa Press, los senadores también discutieron la conveniencia de establecer comparecencias programadas de autoridades universitarias ante la cámara alta. Esto se plantea como una vía para mantener el control regular sobre el uso de los recursos, sean públicos o privados, y sobre la aplicación de los criterios de mérito en la selección y promoción del personal docente e investigador dentro de la universidad.
Una de las propuestas más específicas, reportó Europa Press, fue la planteada por el grupo parlamentario del Partido Popular, que, con el respaldo de otras formaciones, solicitó la puesta en marcha de una auditoría independiente. Esta revisión externa se centraría en verificar la influencia de los fondos privados tanto en la selección de equipos docentes como en la validación de logros académicos, un aspecto sensible dadas las cifras crecientes de recursos extraídos de colaboraciones y competencias internacionales.
Durante su intervención ante la comisión, Doadrio expresó su respaldo a la adopción de nuevas plataformas digitales para la auditoría y vigilancia de los procesos internos, señalando que estos sistemas permiten identificar irregularidades de forma temprana y demostrado utilidad en la consolidación de prácticas institucionales transparentes. “Las revisiones sistemáticas fundadas en tecnologías digitales resultan fundamentales para resguardar la equidad, la objetividad y la reputación institucional que demanda el entorno universitario actual”, apuntó Doadrio según citó Europa Press.
Otra línea de análisis recogida por Europa Press giró en torno al control intensivo de los recursos que ingresan a la universidad desde fuentes fuera del presupuesto convencional. En la comisión parlamentaria se analizó cómo estos flujos pueden modificar el equilibrio de la toma de decisiones académicas y administrativas, y en qué medida la normativa vigente es suficiente para impedir que la autonomía institucional quede expuesta a intereses empresariales o de otro tipo, contrarios a la función educativa y de servicio público que define a la universidad.
Las discusiones parlamentarias, según expuso Europa Press, evidencian una preocupación transversal por reforzar la estructura interna de las universidades públicas españolas y por su actualización tecnológica, en un momento caracterizado por exigencias externas y amenazas nuevas derivadas de la internacionalización. Las recomendaciones finales de la sesión incluyeron el fortalecimiento de las auditorías, la revisión normativa, la digitalización total de procesos clave y el endurecimiento de las barreras institucionales contra cualquier forma de injerencia, todo ello en aras de mantener la garantía de meritocracia y responsabilidad en el ámbito universitario.
