El Centro de Investigación Económica y Social Fedesarrollo publicó recientemente un documento en el que propone mirar hacia la Orinoquía colombiana y aprovechar mejor el potencial de esta región, de cara a la consolidación del agro como fuente desarrollo y crecimiento económico.
Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de este centro, aseguró que luego de analizar las características sociales y geográficas de las poblaciones que componen esta parte del país, se puede aprender de casos de éxito como Brasil, para diseñar un plan de acción en el mediano y largo plazo. También puso sobre la mesa varias propuestas.
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¿Qué dice la investigación?
Esta es una propuesta para el país, enmarcada dentro de una de las estrategias más ambiciosas planteadas en décadas. Su objetivo es impulsar el desarrollo de la Orinoquía, especialmente de la Altillanura, y aprovechar su enorme potencial en la agroindustria. Se busca convertir esta región en un motor de crecimiento productivo y sostenible, maximizando sus capacidades para fortalecer el sector agrícola y agroindustrial.
Se trata de una apuesta verdaderamente transformadora, con el potencial de generar un impacto positivo en el empleo de la Orinoquía y la Altillanura, así como en el desarrollo económico nacional. Además, contribuiría al fortalecimiento de las cuentas externas del país y al incremento de las exportaciones, consolidando a esta región como un eje clave para el crecimiento y la competitividad.
Vichada
Jhon Moreno / CEET
¿Qué poblaciones exactamente?
La región de la Orinoquía abarca aproximadamente 26 millones de hectáreas del territorio colombiano, lo que representa una proporción significativa de la extensión total del país. Esta región está conformada principalmente por los departamentos de Meta, Casanare, Vichada y Arauca, y equivale a cerca de una cuarta parte del área total de Colombia. Su vastedad resalta su importancia estratégica y su enorme potencial para el desarrollo productivo y agroindustrial.
Dentro de la Orinoquía, la Altillanura se destaca como una subregión con aproximadamente 13,5 millones de hectáreas de alto potencial agrícola y productivo. Esta zona comprende siete municipios distribuidos en dos departamentos, que son Mapiripán, Puerto López y Puerto Gaitán, en Meta; y Puerto Carreño, Santa Rosalía, Cumaribo y la Primavera, en Vichada.
¿Qué barreras detectaron allí?
El documento identifica varios factores que han dificultado el aprovechamiento del potencial productivo de la región. El primero es la inseguridad jurídica derivada de la normatividad sobre terrenos baldíos y el régimen de restitución de tierras, lo que impide una visión de largo plazo para la explotación productiva de esas hectáreas.
El segundo es la deficiencia en infraestructura, ya que las vías primarias son prácticamente inexistentes y las secundarias y terciarias presentan un estado precario y vulnerable. Así mismo, vimos el acceso a agroinsumos críticos, como la cal dolomita, necesaria para la preparación y mantenimiento de suelos.
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¿Hay apoyo a los productores?
También se ha identificado una limitada demanda de crédito por parte de los pequeños productores, lo que sugiere restricciones en la oferta de financiamiento y dificulta la realización de inversiones productivas en la región.
Finalmente, el capital humano es otro desafío significativo. La Altillanura tiene una densidad poblacional de apenas 2 habitantes por kilómetro cuadrado, en contraste con el promedio nacional de 46. Además, la cobertura de educación superior es insuficiente y no está alineada con las necesidades productivas de la región
Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo
Archivo particular
El documento hace varias propuestas…
Antes que nada, el documento completo lo pueden ver en la página de Fedesarrollo. Ahora bien, basados en el diagnóstico, planteamos que en primer lugar, es fundamental garantizar la seguridad jurídica en la propiedad de la tierra.
Proponemos la creación de una ley especial para la Orinoquía, que modernice el régimen de tierras, reduzca la inseguridad jurídica e incorpore mecanismos innovadores, como permitir que el Estado, en su calidad de propietario de terrenos baldíos, remunere a los privados con inversiones existentes o genere mecanismos para atraer nuevas inversiones en predios actualmente baldíos.
Es necesario definir condiciones claras para que estas remuneraciones se ajusten a precios de mercado, así como reglas sobre tarifas de arrendamiento y duración de los contratos. En general, esta ley especial debe ofrecer seguridad jurídica a pequeños, medianos y grandes productores, permitiéndoles acceder a la propiedad o arrendamiento de tierras a largo plazo y aprovechar su alto potencial productivo.
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¿Con la infraestructura?
El segundo eje se centra en la infraestructura. Una de las intervenciones clave es la rehabilitación de la vía Puerto López – Puerto Carreño, con una inversión estimada de $1,5 billones. Se trata de un corredor de 750 kilómetros, crucial para la conectividad de los centros de producción agropecuaria y las rutas de abastecimiento nacional e internacional.
Además, este diagnóstico resalta la importancia de desarrollar un Plan Maestro de Infraestructura para la Orinoquía, con estudios que permitan identificar inversiones prioritarias, no solo en carreteras, sino también en puertos fluviales, aprovechando la riqueza hídrica de la región.
Crecimiento económico
FOTO: iStock
¿Y el impulso al agro?
En términos de insumos críticos, la cal dolomita es un recurso esencial para mejorar la productividad de los suelos. Se estima que sería necesaria una nueva planta de producción con capacidad para explotar dos millones de toneladas anuales, lo que permitiría abastecer la demanda proyectada y fortalecer la eficiencia en el uso de insumos agrícolas.
En cuanto al financiamiento, se plantea la implementación de un programa de asistencia y acompañamiento a productores, con el objetivo de fortalecer la demanda de crédito en la región. Este programa no solo debería enfocarse en informar sobre las oportunidades de financiamiento, sino también en ofrecer asistencia técnica, promoviendo la adopción de mejores tecnologías y prácticas productivas.
¿Hay suficiente mano de obra?
En materia de capital humano, se propone un programa de becas e incentivos para la formación de 23.000 profesionales en áreas estratégicas para el desarrollo agroindustrial de la región. Con una inversión estimada de $58.000 millones, esta iniciativa fortalecería las capacidades técnicas necesarias para impulsar la productividad en la Altillanura.
Por último, en términos de encadenamientos productivos y valor agregado, es clave fortalecer estrategias orientadas a sectores como proteínas, energía, productos agroindustriales y cultivos estratégicos. Esto permitiría capitalizar las lecciones aprendidas en integración de producción de granos y ganadería, generando mayor valor agregado en la región.
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¿Qué impacto económico tendría esto?
El escenario base indica que actualmente se desarrollan cerca de 240.000 hectáreas en la región. Si no se implementa ninguna estrategia, en un horizonte de 20 años esa cifra podría crecer hasta 560.000 hectáreas, lo que, si bien representa un avance, no sería un cambio sustancial.
Por el contrario, si se aplica una estrategia como la que se plantea en este documento, en 20 años la Altillanura no contaría con 240.000 hectáreas, sino con 2.240.000 hectáreas dedicadas a la producción agropecuaria. Esto tendría un impacto significativo en el crecimiento económico de la región.
¿Qué pasaría con el PIB?
El PIB de Vichada podría crecer a un ritmo anual del 10,4% en las próximas dos décadas, mientras que en el Meta, el crecimiento económico alcanzaría un 7,2% anual en el mismo período. Estas cifras están muy por encima del crecimiento potencial estimado para la economía colombiana, que no supera el 3%.
En términos de impacto económico, el valor agregado adicional generado en los próximos 20 años sería cercano a $800 billones de pesos, equivalentes a aproximadamente el 51% del PIB actual de Colombia. Además, el efecto en el empleo sería notable, con la creación estimada de 54.000 nuevos empleos anuales.
Pesos colombianos.
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¿Por qué aprender de Brasil?
El éxito de Mato Grosso, en Brasil, durante las últimas décadas demuestra cómo una estrategia bien coordinada entre el sector público y privado puede transformar la producción agropecuaria. En 1980, el estado tenía un millón de hectáreas cultivadas; para 2000, alcanzó 5 millones, y en 2020, superó 20 millones.
Este crecimiento ha impulsado el PIB de la región en un 6,4% anual, mientras que el sector agropecuario ha crecido un 11,5% anual en los últimos 20 años. Más allá de la producción, la transformación de Mato Grosso ha triplicado los ingresos fiscales, mejorando la provisión de bienes públicos y reduciendo la desigualdad.
A pesar de que Brasil es uno de los países con mayor desigualdad, Mato Grosso tiene hoy una de las mejores relaciones de ingreso por habitante y uno de los niveles más bajos de desigualdad en el país. Colombia debería seguir este modelo para fortalecer su producción agropecuaria, aumentar exportaciones y mejorar el bienestar social.
¿Hay potencial?
Estoy convencido de que esta es una apuesta transformacional para el país, no solo para la Orinoquía y la Altillanura, sino para toda Colombia. Si pensamos en las futuras fuentes de crecimiento económico, la agricultura tiene un enorme potencial. La experiencia de Mato Grosso demuestra que este desarrollo es posible.
No se trata de una visión meramente aspiracional, sino de la necesidad de una estrategia coordinada, con apuestas de mediano y largo plazo y una política de Estado que impulse el desarrollo agropecuario y energético del país.
