La discusión sobre la reforma de la salud aumenta el pulso, después de que se aprobaran las sesiones extraordinarias para que en plenaria de la Cámara de Representantes se debatan y se apruebe o no el articulado que busca modificar el sistema de salud colombiana.
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Sin embargo, mientras se discute en el Congreso de la República, actores del sector han expresado su preocupación sobre el impacto que podría tener una aprobación de dicho proyecto de ley. Teniendo en cuenta que, desde ahora, los efectos de la crisis estructural del sistema se notan, no solo por el desfinanciamiento, sino también por la pausa y cierre de servicios en salud.
De acuerdo con una carta enviada por exministros y exviceministros de salud, a la actual cartera, el año 2024 cierra con una crisis sin precedentes para el sistema de salud en Colombia. Miles de pacientes, en su mayoría con enfermedades crónicas o huérfanas, han perdido los tratamientos que recibían de forma periódica y oportuna.
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Por ejemplo, las quejas, peticiones y recursos de tutela han crecido de manera alarmante, con incrementos superiores al 30% y 40% respecto a 2023, mientras que la oportunidad en el acceso a los servicios de salud se sigue deteriorando más.
El panorama financiero también es sombrío. En 2024, más de 1.200 IPS cerraron sus puertas debido a la insuficiencia de recursos, dejando clausurados de manera definitiva más de 3.000 servicios médicos y suspendidos temporalmente otros 8.000.
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Un ejemplo de ello es la situación que están viviendo 37 hospitales públicos en Antioquia que dejarán de ofrecer atención no urgente a los usuarios de la Nueva EPS, justificando que esto se debe por la falta de pago de la entidad.
Plenaria de la Cámara de Representantes de la reforma de la salud
Cesar Melgarejo – Portafolio
Frente a esto, la Asociación de Hospitales Públicos de Antioquia enfatizó que la deuda asciende a los $170.000 millones, lo que está generando una crisis en los hospitales que dependen de esos recursos para cubrir salarios.
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A ello se suma la intervención de ocho EPS por parte de la Superintendencia Nacional de Salud y la puesta en vigilancia especial de una más, evidenciando un problema financiero sistémico con pérdidas patrimoniales que superan los $7,5 billones, sin incluir los balances de la Nueva EPS.
Por esto, los exfuncionarios mencionaron la desfinanciación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y del presupuesto máximo, están agravando el panorama. Incluso, se proyecta un déficit superior a los $5,5 billones para finales de año.
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De hecho, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, resaltó que no están de acuerdo con las afirmaciones del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, que en una entrevista dada a EL TIEMPO, asegura que la UPC se ha incrementado a niveles que hoy en día le permitirían al sector de la salud poder atender a los colombianos.
Plenaria de la Cámara de Representantes de la reforma de la salud
Cesar Melgarejo – Portafolio
Detalla que algunos estudios que se han hecho, no solamente de la Andi, registran que ese incremento debería estar en niveles entre el 15% o 25%. Por eso, si no se aumenta la UPC en esos valores para el 2025, no se va a alcanzar a pagar y a cubrir las necesidades que tiene el sistema.
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“En el sistema, más del 50% está siendo operado hoy por EPS que o son propiedad del Gobierno o están siendo operadas por el mismo. Es decir, el gran operador del sistema de salud hoy en día es el Estado. También el Ministro dice que a través de las entidades intervenidas el sistema ha mejorado, pero no es eso lo que piensan los pacientes, ni lo que dicen las encuestas”, manifiesta.
Además, los exfuncionarios, indican que el Gobierno Nacional, “encabezado por el ministro de Salud, (quien parece en tránsito a la política electoral) usa la amenaza; niega y tergiversa la realidad; y evade la responsabilidad que tiene ante esta crisis que avizora el colapso del sector salud”, opinan.
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Este comportamiento no solo estaría minimizando los logros de los últimos 30 años, sino que también desconocería el apoyo ciudadano al sistema, que según una encuesta realizada por el propio Ministerio de Salud en 2022, apenas el 8% de la población calificó el sistema como malo o muy malo.
El ministro de Interior, Juan Fernando Cristo Bustos.
Cesar Melgarejo – Portafolio
Reforma bajo presión
Respecto a la reforma, destacan que el Gobierno ha promovido un proyecto de reforma en el Congreso que no soluciona los problemas estructurales y que la falta de enfoque técnico, que ha conducido a un empeoramiento de los indicadores de acceso y a un deterioro general del sistema.
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“De continuar por esta ruta el deterioro del sistema de salud se profundizará en el año 2025. Cómo ya mencionamos en otros comunicados, el proyecto de reforma radicado en el Congreso de la República no resuelve los problemas estructurales del sistema. Insistimos en el diálogo franco directo y basado en la evidencia como el camino en verdad democrático para establecer los cambios y los ajustes que resuelvan esos retos estructurales”, enfatizan.
A su turno, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) y otros gremios del sector hicieron un llamado a los representantes de la Cámara a medir y prever las consecuencias e impactos que podría tener la actual reforma que se discute en caso de que sea aprobada.
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En detalle, resaltan que la salud es un derecho fundamental cuya garantía debe ser resultado de un debate amplio, serio y transparente, por lo que la complejidad de la reforma requiere de análisis sobre las implicaciones financieras, operativas y sociales.
“La reforma tal y como está planteada no soluciona los problemas de financiación del sistema, el aseguramiento operativo y en salud y además puede convertirse en un instrumento de manipulación regional y de malversación de recursos”, denunciaron.
El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo y la ministra de transporte, María Constanza García, en la plenaria de la Cámara de Representantes de la reforma de la salud.
Cesar Melgarejo – Portafolio
Aumenta la preocupación
Si bien la salud es uno de los renglones que involucra a toda la ciudadanía colombiana, otros sectores económicos y actores del sistema han expresado su preocupación sobre el hecho de que se esté “corriendo a aprobar una reforma”.
En ese sentido, María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, alertó sobre los riesgos que existen en el sistema de salud en Colombia en relación con la definición de la UPC para 2025 y el trámite de la reforma de la salud.
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“La reforma de la salud debe ser discutida con responsabilidad por el Gobierno y el Congreso, garantizando una concertación amplia. Correr para lograr la votación va en contra de construir el mejor sistema para los colombianos, pues aún hay temas relevantes que no resuelven el problema de fondo”, señaló Lacouture.
Agregó que la definición de la UPC para 2025 debe cerrar la brecha de recursos que agobia al sistema por presupuestos insuficientes, evitando mayores afectaciones en el servicio y suministro de medicamentos.
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Si bien las extras se están llevando a cabo en este momento, el representante por el Centro Democrático, Andres Forero, alertó que durante la votación en plenaria, la ministra de Transporte, María Constanza García, se encontraba dentro del recinto y aseguró que estaba allí “para garantizar el quórum en la reforma”. También, estaban el ministro de Minas, Andrés Camacho y el director de Colpensiones.
La presencia de los funcionarios generó inconformismo, pues, la salud no es un tema transversal a sus carteras y entidades.
