La reciente opinión consultiva del Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de Naciones Unidas sobre el derecho internacional climático marca un momento crucial para la acción global. Por primera vez, el más alto tribunal de la ONU ha afirmado que los Estados tienen la obligación legal de proteger el medio ambiente frente a las emisiones de gases de efecto invernadero y que el deber jurídico deriva tanto del derecho ambiental como de los tratados internacionales de derechos humanos. El mensaje es claro: no actuar frente al cambio climático ya no es solo una irresponsabilidad política o moral; es una violación del derecho internacional.
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