La semana pasada, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue incluido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en una lista de sanciones financieras. La medida, que también afecta a su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el Ministro del Interior Armando Benedetti, se basa en una presunta permisividad con el narcotráfico. Aunque no se trata de la tradicional Lista Clinton —creada en 1995 para sancionar exclusivamente al Cartel de Cali—, los efectos prácticos son los mismos: bloqueo financiero, aislamiento reputacional y riesgo de quedar fuera del sistema. La gran incógnita ahora es qué pasará con las cuentas del presidente Petro y los otros sancionados, pues las entidades locales están interconectadas con la red financiera estadounidense.
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