En los primeros días del año surgió la información de que el país podría enfrentar una nueva jornada de paro camionero, situación que generó incertidumbre en diversos sectores económicos y sociales. Sin embargo, las principales asociaciones gremiales del transporte se encargaron de desmentir tales afirmaciones, asegurando que, aunque persisten algunos desacuerdos con el Gobierno respecto a compromisos previos, no existe una convocatoria formal para cesar actividades.
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El primer pronunciamiento oficial lo realizó la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (Aditt), que a través de un comunicado dejó claro que no se uniría al supuesto paro anunciado por ciertos grupos de transportadores. Según la organización, el transporte intermunicipal de pasajeros opera con normalidad en todo el país, pese a las dificultades que enfrenta el sector.
“Si bien el impacto por el incremento en los precios de los peajes y las posibles alzas futuras en los combustibles afecta directamente el costo de los tiquetes, hemos decidido no sumarnos al paro. Esta postura busca minimizar los efectos negativos en la movilidad de los ciudadanos durante la temporada alta y mantener abiertos los canales de diálogo con el Gobierno nacional”, explicó José Yesid Rodríguez, presidente de Aditt.
Por su parte, los transportadores de carga también descartaron la posibilidad de un cese de actividades. Los representantes de las principales asociaciones empresariales del sector emitieron un mensaje similar al de Aditt, subrayando que la información sobre un paro no corresponde a una convocatoria gremial, sino a manifestaciones aisladas.
“Los líderes de las principales asociaciones camioneras que participaron en el paro de septiembre y firmaron un acuerdo con el Gobierno han negado la existencia de un nuevo paro. Los videos que circulan en redes sociales corresponden a individuos que actúan de manera independiente y sin el respaldo de ninguna organización reconocida”, señalaron voceros gremiales.
Sin embargo, algunas voces internas dentro del sector han expresado su descontento con el manejo de los acuerdos por parte del Gobierno. Aunque las asociaciones más grandes han optado por evitar una confrontación directa, los transportadores independientes sostienen que las promesas incumplidas justifican un diálogo más urgente y acciones reivindicativas.
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“Esto no significa que no haya inconformidad. El anuncio del ministro de Hacienda sobre el incremento en el precio del ACPM para este año contradice lo pactado en septiembre. Además, hay propietarios de vehículos que han entregado sus automotores para chatarrización, pero no han recibido los pagos correspondientes. Tampoco se han cumplido varios compromisos adquiridos por el Ministerio de Transporte”, explicó un líder gremial que prefirió mantener su anonimato.
¿Quiénes protestan y por qué?
Los transportadores independientes, alejados de los grandes gremios, son quienes han mostrado una mayor disposición a manifestarse. Según ellos, las dificultades que enfrenta el sector no se están abordando con suficiente celeridad ni profundidad, dejando a los pequeños transportadores en una situación vulnerable.
“Es fácil negociar desde un escritorio con el Gobierno, pero los grandes gremios no conocen la realidad que enfrentamos en las carreteras. Nuestro negocio está atravesando problemas que nadie reconoce, y si no nos alzamos como independientes frente a los monopolios empresariales y un Gobierno que no escucha, nadie lo hará por nosotros”, expresó un líder transportador de Santander.
La principal preocupación radica en el impacto económico de los aumentos en el precio del combustible, particularmente del ACPM. Este incremento afecta directamente la rentabilidad del transporte de carga y pone en desventaja a los pequeños transportadores frente a las grandes empresas del sector, dicen. A esto se suma el costo de los peajes, que sigue siendo una carga significativa para quienes operan en rutas de largo alcance.
¿Qué no han cumplido?
Alfonso Medrano, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), explicó que las diferencias entre los transportadores y el Gobierno se centran en cuatro puntos específicos: el aumento en el precio del diésel, los avances en la implementación del Sistema de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (Sicetac), los pagos pendientes para la renovación del parque automotor y la aplicación del esquema “uno a uno”.
En las negociaciones realizadas en septiembre pasado, se acordó un cronograma de 18 reuniones entre las partes para dar seguimiento a los compromisos adquiridos. Sin embargo, Medrano indicó que hasta la fecha solo se ha realizado una reunión, el 22 de noviembre, y no se han programado nuevos encuentros. Esto ha generado malestar entre los transportadores, quienes consideran que el diálogo con el Gobierno se ha enfriado.
Sobre el aumento en el precio del diésel, los transportadores insisten en que se respeten los dos incrementos pactados en septiembre y se descarten nuevos ajustes durante el año. Además, han solicitado revisar la fórmula utilizada para calcular el precio del combustible, argumentando que es necesario establecer un esquema más equilibrado que beneficie tanto al sector como a la economía nacional bajo el modelo de la ‘Fórmula Colombia’.
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Bogotá septiembre 3 de 2024. Bloqueó en el Paro camionero en la carrera 7 con calle 173, cerca de 200 vehículos entre volquetas, camiones, servicios especiales bloquean dos de los tres carriles.
Milton Díaz / CEET
En cuanto al Sicetac, los transportadores han manifestado que el avance en su implementación es insuficiente. Este sistema, que busca establecer tarifas justas para los servicios de transporte de carga, es visto como una herramienta clave para mejorar la competitividad del sector y garantizar condiciones equitativas para todos los actores.
Por otro lado, el retraso en los pagos por la renovación del parque automotor ha generado frustración entre quienes entregaron sus vehículos para chatarrización, un proceso que busca modernizar la flota vehicular y reducir las emisiones contaminantes. Según los transportadores, los desembolsos por parte del Gobierno han sido lentos e inconsistentes, afectando la confianza en el programa. Según sus cálculos, hay $700.000 millones quietos.
Finalmente, el esquema “uno a uno”, que establece que por cada vehículo nuevo registrado se debe retirar uno antiguo, también ha generado inquietudes. Los transportadores independientes han señalado que las condiciones actuales dificultan cumplir con este requisito, lo que limita su capacidad de renovación vehicular.
A pesar de las tensiones, los principales gremios del transporte han reiterado su compromiso con el diálogo como la vía principal para resolver los conflictos. Por su parte, los transportadores independientes insisten en la necesidad de que sus demandas sean escuchadas y atendidas de manera oportuna.
PAULA GALEANO BALAGUER
Periodista de Portafolio
