El juez Manuel Jesús Gómez, que investiga los contratos sanitarios fraccionados por el Gobierno andaluz en la provincia de Cádiz, ha ordenado a la Intervención General del Estado (IGAE) que dictamine si estos convenios por 232 millones de euros se ajustan a la legalidad y qué daño han podido causar a la hacienda pública. El magistrado busca analizar a fondo de todos los contratos bajo sospecha que firmó la central de compras del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en esa provincia con las clínicas privadas en 2021, por lo que eleva a los peritos del Ministerio de Hacienda para que ratifiquen “las irregularidades” ya detectadas por los interventores de la Junta andaluza, un movimiento de calado para la causa.
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