En un sistema judicial marcado por la congestión y la insatisfacción de las víctimas, la mediación penal surge como una alternativa viable para resolver ciertos conflictos penales de forma más humana y efectiva. Aunque su implementación en Colombia aún es incipiente, esta figura, regulada por la Ley 906 de 2004 dentro del Sistema Penal Acusatorio, ofrece un espacio de diálogo entre víctimas e imputados para alcanzar acuerdos que reparen el daño causado.
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Este proceso es voluntario, confidencial y enfocado en la reparación integral. Se desarrolla con la ayuda de un tercero imparcial, encargado de facilitar el diálogo. Su propósito es resolver el conflicto sin que el caso avance en el proceso penal, garantizando a la víctima medidas de reparación ajustadas a sus necesidades.
“La mediación penal es un mecanismo propio de la justicia restaurativa que busca que tanto la víctima como el ofensor puedan dialogar de manera respetuosa y guiada”, explica Santiago Cuadros C., docente del Consultorio Jurídico de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana. Según el profesor, este procedimiento puede conducir a la terminación del proceso mediante figuras como la preclusión o la aplicación del principio de oportunidad, siempre que se permita la extinción de la acción penal y se cumplan los requisitos legales.
Cuando no es posible extinguir la acción penal, la mediación puede influir en las decisiones judiciales relativas al levantamiento de medidas cautelares, la sustitución de medidas de aseguramiento o una pena menos severa. Incluso, puede ser criterio para el tratamiento penitenciario del condenado.
La abogada Karen Juris, asociada en De la Espriella Lawyers, destaca que el infractor puede beneficiarse con la extinción de la acción penal, y la víctima, con una reparación más ágil. Esto puede incluir disculpas públicas, indemnización por los perjuicios y compromisos de no repetición. Además de beneficiar a las partes, la mediación contribuye a descongestionar el sistema judicial. Al tratarse de un mecanismo autocompositivo -es decir, que permite que las partes resuelvan el conflicto sin intervención de un juez-, el aparato judicial puede concentrarse en casos de mayor complejidad.
“Contribuyen eficazmente a aliviar la carga del sistema judicial, ya que son las partes quienes solucionan el conflicto y no los funcionarios judiciales”, afirma Juris. Esto permite una mejor gestión de recursos estatales y reduce la presión sobre los despachos judiciales.
También puede tener un efecto positivo en el sistema penitenciario. Al evitar que ciertos casos terminen en condena de prisión, se reduce la presión sobre cárceles y se favorece la resocialización del infractor.
En esta línea, José María de Brigard Arango, Asociado Senior de la firma David Espinosa Acuña & Asociados, señala: “Todo lo que implique evitar llegar a juicio supone menos casos a cargo de funcionarios judiciales, lo que, en consecuencia, supone una reducción en la carga del sistema judicial. Lo mismo se predica del hacinamiento carcelario, pues las fórmulas de la mediación pueden dar lugar a evitar la ejecución de la pena en centros penitenciarios y carcelarios, ayudando a reducir el número de internos”.
De Brigard agrega que acudir a la mediación puede anticipar el cierre de procesos judiciales, evitando agotar todas sus etapas. “Mediaciones que terminen procesos que, en sede de sentencia condenatoria, culminen en la imposición de la pena de prisión, puede que no lleguen a ese punto, con lo que no se utilizarían cupos, evitando el aumento de la población carcelaria”, concluye.
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Mediación penal
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¿Cómo acceder a la mediación penal?
Para someterse a mediación penal deben cumplirse dos condiciones, según explica Juris:
– Etapa procesal adecuada: El caso debe encontrarse entre la formulación de imputación y antes del juicio oral.
– Solicitud voluntaria: La víctima o el imputado deben pedir y aceptar expresamente someter su caso a mediación.
Esta solicitud puede presentarse ante el fiscal o juez, según el caso, para designar al mediador. Se deben tener en cuenta tres criterios: consentimiento expreso de ambas partes, que no implique revictimización, y que la etapa del proceso penal sea la adecuada.
Finalmente, y según Cuadros, la mediación penal puede aplicarse a todos los delitos, aunque su efecto varía según el caso. Reconociendo, además, que la mediación ha empezado a aplicarse en los casos con posibilidad de extinguir la acción penal y por ende de no incurrir en una condena, pero aún está pendiente dar mayor aplicabilidad en casos para obtener beneficios durante el proceso judicial y, también, para casos en los que se enfrenta una condena, ya sea para recibir una pena menor o como criterio para avanzar adecuadamente en el tratamiento penitenciario que podría enfrentar el condenado.
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NELSON DORIA ARCILA
neldor@eltiempo.com
