Esta semana prácticamente se acabarán las sesiones ordinarias del Congreso de la República, que si bien tiene agenda formal hasta el lunes 16 de diciembre, fuentes allí dan por descontado que se llegue hasta ese día, ya que prácticamente todo quedaría evacuado el viernes 13 del mismo mes, a menos de que se citen sesiones extraordinarias.
Con estos plazos, hay una carrera del Gobierno Nacional, liderada por el Ministerio de Hacienda, que pareciera estar perdida, razón por la cual en Casa de Nariño ya estarían pensando en recortar el Presupuesto General del 2025. Se trata de la ley de financiamiento, apuesta fiscal que se anunció con bombos y platillos en septiembre, pero que se diluyó en el tiempo y no se salvaría ni siquiera con la salida de Ricardo Bonilla.
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La falta de una resolución que convoque a sesiones conjuntas de Senado y Cámara, que se tengan en el partidor varias ponencias de archivo y que algunos sectores afines al gobierno Petro se rehúsen a firmar la ponencia de Gobierno, son algunos de los factores que están jugando en contra de la iniciativa que busca $12 billones para el PGN del próximo año.
En una nueva consulta de fuentes en el Legislativo, Portafolio conoció que este proyecto se estaría dejando caer en el sueño de los justos, y que antes de tener un hundimiento público en sesiones, estarían optando por no insistir más y dejar que se caiga por falta de trámite, como ha pasado con otras propuestas.
Pesos colombianos
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El gran palo en la rueda es que en este momento, a los promotores de la iniciativa, les están fallando hasta los consensos internos, dado que durante la semana pasada, no logró obtener la firma de los ponentes, incluyendo sus aliados más cercanos, con lo cual se reflejan las tensiones dentro de la coalición de Gobierno que juegan en contra de la agenda tributaria.
También hay que decir que en la Comisión Tercera del Senado ya se dejó claro que las posibilidades de éxito para la ley de financiamiento son muy pocas, ya que de los 16 miembros de este equipo, 11 ya han manifestado su intención de votar en contra de la iniciativa, con lo cual se caería automáticamente, al no tener los apoyos requeridos.
Cabe recordar que la ley de financiamiento, al estar ligada al Presupuesto General de la Nación del 2025, requiere de los avales de las dos comisiones Tercera y Cuarta, de Senado y Cámara, que popularmente son conocidas como las comisiones económicas. Sin esos cuatro apoyos, el proyecto se caería por falta de consensos.
Aunque ya está claro que un eventual debate de la ley de financiamiento requeriría sesiones extras en el Congreso, desde allí advirtieron que si este documento no se radica a más tardar esta semana, difícilmente se lograría que pase antes del 31 de diciembre y por tanto se caería, poniendo en aprietos nuevamente la caja del Estado.
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Cambios en el texto
Durante los últimos días, el Ministerio de Hacienda ha tenido varios acercamientos con los congresistas para conversar sobre sus propuestas al proyecto e incluir algunos cambios, como la eliminación de los artículos 7, 8 y 9, que buscaban establecer una tarifa fija del 20% para las ganancias ocasionales en distintos escenarios.
Además, se suprimió el artículo 25, el cual planeaba retirar la exención de IVA para vehículos híbridos, conservándola únicamente para los eléctricos, medida criticada por su impacto negativo en el sector automotriz.
Plenaria de la Cámara de Representantes en el congreso de la República.
Pedro Vargas
En cuanto al Impuesto al Patrimonio, se acordó mantener el umbral actual de 72.000 Unidades de Valor Tributario (UVT), descartando la propuesta inicial del Ejecutivo de reducirlo a 40.000 UVT. Este ajuste refleja una postura más moderada, consensuada entre el Ministerio de Hacienda y las comisiones económicas, buscando minimizar el impacto en ciertos contribuyentes.
Así mismo, aunque se mantendrían los impuestos al carbono y a las apuestas y juegos de azar en línea, estos gravámenes se implementarían bajo principios de gradualidad, distribuidos entre tres y cinco años, para evitar un impacto abrupto en los sectores implicados.
Recorte o congelamiento
En caso de que la ley de financiamiento finalmente se hunda, al Gobierno Nacional no le quedará otro camino que recordar los $12 billones que dependen de este proyecto en el Presupuesto General de la Nación o de lo contrario se expone a que estas cuentas se caigan por violar el principio constitucional de equilibrio fiscal.
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Para decirlo de una forma simple, las leyes que rigen el PGN, exigen que los ingresos no pueden ser menores que los gastos. Esto con el fin de garantizar que la estabilidad de las finanzas públicas se mantenga y a futuro no se dependa tanto del endeudamiento, como pasa en estos momentos, para garantizar que el Estado cumpla con sus proyectos.
Portafolio también conversó con fuentes del Gobierno, quienes manifestaron que pese a que el saliente ministro Ricardo Bonilla dijo en su momento que estos $12 billones se podrían congelar mientras se define una reforma tributaria en el futuro, la salida más responsable es recortar de tajo ese momento y evitar riesgos con las calificadoras de riesgo hacia el futuro.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Foto: CEET – Néstor Gómez
No hay que olvidar que una revisión del Comité Autónomo de Regla Fiscal a las cuentas presupuestales del 2025 concluyó que los errores del pasado se podría repetir, ya que hay estimaciones por encima de las capacidades probadas en el Presupuesto que está por reglamentarse desde el Ministerio de Hacienda, que deberían ajustarse por medio de un recorte severo del gasto.
“Las proyecciones muestran que los ingresos programados por el Gobierno presentan un alto grado de incertidumbre. Con la información disponible a hoy, se estima un riesgo de menor recaudo (frente al escenario de Ley de Financiamiento) de por lo menos $33,3 billones”, sentenciaron.
Aunque en los pasillos de la Casa de Nariño se comenta que el presidente Gustavo Petro tiene en su poder el decreto del presupuesto para el próximo año y que allí ya se vislumbra el recorte de los $12 billones, desde el Minhacienda intentarán esta semana, por última vez, llegar a un acuerdo con el Congreso, para sacar avante la ley de financiamiento.
