América Latina se ha convertido en un escenario de competencia global. Estados Unidos debe realinear su atención en la región para promover la prosperidad económica y derrotar la corrupción y el crimen organizado, lo que conducirá a una reducción de la migración y la violencia y a una mejor calidad de vida para el hemisferio occidental.
Pero para alcanzar estos objetivos es necesario hacer frente a nuevos desafíos relacionados con la evolución de las organizaciones criminales. Si bien la mayoría de las insurgencias latinoamericanas de antaño se han transformado en partidos políticos, se han desmovilizado o han desaparecido por completo, las restantes se han convertido en poderosas organizaciones criminales que utilizan la bandera de ideologías comunistas olvidadas para dar legitimidad a sus imperios criminales en expansión.
Además de las nuevas organizaciones criminales y los carteles, estos grupos ahora priorizan las ganancias de sus economías ilegales y se apoyan en la corrupción para lograr sus objetivos. Hoy, varios gobiernos democráticos de la región se han visto salpicados por acusaciones de financiamiento ilegal de campañas electorales y vínculos con el crimen transnacional. Estas acusaciones ponen en riesgo la legitimidad de los Estados latinoamericanos, muestran una flagrante falta de transparencia en los procesos electorales y hacen que la región sea vulnerable a la intromisión extranjera.
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En los últimos años, América Latina ha sido testigo de una expansión de las organizaciones criminales. Hoy en día, los carteles mexicanos cuentan con 175.000 miembros y están activos en los 31 estados mexicanos. Los carteles están involucrados en el tráfico de drogas y migrantes, la extorsión, la prostitución, el robo de petróleo y el tráfico de armas, y han aumentado la violencia contra civiles y autoridades gubernamentales.
Los grupos armados colombianos se han expandido significativamente desde el acuerdo de paz de 2016 y ahora operan en 24 de los 32 departamentos colombianos. Juntos, el Eln, las disidencias de las Farc y el ‘clan del Golfo’ tienen un 11 por ciento más de miembros que en 2022. Participan en el tráfico de drogas, la minería ilegal de oro, el tráfico de migrantes y la extorsión. Asimismo, Venezuela se ha convertido en un refugio seguro para los grupos armados, y Ecuador es el centro preferido para que las drogas ilegales salgan del continente. El Cono Sur (Argentina, Chile y Uruguay) tampoco está exento de problemas.
El crimen organizado ya no busca derrocar gobiernos, sino que ahora se mueve principalmente por la búsqueda de ganancias provenientes de actividades ilegales. Este cambio ha llevado a un cambio de estrategia y táctica: en lugar de buscar un cambio de régimen, se centran en evitar la atención y mantener el control sobre los territorios donde operan. Para lograrlo, las organizaciones criminales aprovechan sus importantes recursos para corromper y manipular a los gobiernos, asegurando la protección de las fuerzas del orden en los niveles inferiores e influyendo en las políticas a través de campañas políticas financiadas con fondos ilegales en los niveles superiores.
Esta estrategia ha tenido éxito y muchos gobiernos de la región se han visto manchados por acusaciones de corrupción y financiamiento ilegal de campañas.
En México, el expresidente Andrés Manuel López Obrador y su política de “abrazos no balazos” permitieron la expansión territorial de los carteles y el negocio del fentanilo. Su sucesora, la presidenta Claudia Sheinbaum, anunció que “la guerra contra el narco no volverá”, pese al aumento de la violencia contra los civiles.
En Honduras, la presidenta Xiomara Castro enfrenta la dura prueba de que su hermano se reunió con poderosos narcotraficantes en 2013 para financiar su primer intento de llegar a la presidencia. En Venezuela, los vínculos entre el régimen de Nicolás Maduro y organizaciones criminales locales y transnacionales se han vuelto evidentes en los últimos años. En Colombia, el Consejo Nacional Electoral investiga la supuesta financiación irregular de la campaña del presidente Gustavo Petro. Su hijo, Nicolás Petro, fue acusado de enriquecerse con platas no reportadas que supuestamente iban para la campaña del 2022, incluidos dineros de un antiguo narcotraficante.
Los estrechos vínculos entre funcionarios electos y organizaciones criminales han creado tensiones sin precedentes entre los poderes gubernamentales, paralizando el funcionamiento adecuado de los controles y equilibrios y amenazando la integridad de la democracia misma.
América Latina también tiene una importancia cada vez mayor en el tablero geopolítico global. La influencia de las potencias extranjeras en la región no es nueva. Muchos gobiernos fueron grupos armados que se convirtieron en partidos políticos que finalmente llegaron al poder. Dado su origen como insurgencias armadas, mantienen estrechos vínculos con China y Rusia. Pero el creciente poder del crimen organizado y sus efectos desestabilizadores sobre las democracias latinoamericanas presentan nuevas vulnerabilidades que las potencias extranjeras pueden explotar.
Las potencias antioccidentales pasan por alto las acusaciones de colusión del gobierno con el crimen organizado, e incluso se benefician de ello. Algunos ejemplos incluyen una nueva ola de signatarios de la iniciativa de la Franja y la Ruta de China, el aumento de las inversiones chinas en infraestructura en la región y la importación por parte de China de cantidades significativas de petróleo venezolano antes y después del embargo petrolero.
Rusia no solo se ha beneficiado de los gobiernos de izquierda de la región, sino que ha intervenido directamente para mantener en el poder a regímenes corruptos. Durante varios años, Rusia ha suministrado ayuda militar a Venezuela y ha desplegado tropas con el pretexto de compartir conocimientos militares. Se vio a agentes del Grupo Wagner reprimiendo a multitudes que protestaban contra los resultados fraudulentos de las elecciones venezolanas de 2024.
Asimismo, se ha descubierto que aliados de naciones beligerantes llevan a cabo actividades ilícitas en América Latina. Hezbolá, un agente iraní, opera una red de tráfico de drogas, falsificación y contrabando para financiar sus operaciones en Oriente Medio. Las empresas comerciales chinas se utilizan para el lavado de dinero y la exportación de bienes ilícitos, como precursores químicos para drogas ilegales, mientras que las empresas comerciales hacen la vista gorda ante el contrabando. Los grupos criminales chinos también son actores importantes en los esquemas regionales de lavado de dinero. Si bien no se han demostrado los vínculos directos entre los gobiernos extranjeros y las organizaciones criminales regionales, la evidencia sugiere que estas potencias han participado indirectamente en el crimen organizado regional.
En una era de competencia geopolítica, un creciente desencanto con la democracia hará que América Latina sea vulnerable a la influencia de las potencias extranjeras y sus estrategias para desestabilizar la región.
Para abordar estas cuestiones, el gobierno entrante de Trump debe volver a centrar su atención en América Latina. Las nominaciones del senador Marco Rubio como secretario de Estado y del embajador Chris Landau como su adjunto son un comienzo prometedor que indica un compromiso con el fortalecimiento de la participación de Estados Unidos en la región.
Sin embargo, Estados Unidos debe tomar medidas adicionales para salvaguardar decisivamente sus intereses y promover la libertad y la democracia.
Esto implica enfrentar a los gobiernos corruptos o que tienen vínculos con grupos criminales, y ser pragmático con las realidades políticas, pero también rechazar agendas de doble cara que jueguen en contra de los pueblos de América Latina, la estabilidad política regional, la seguridad, la prosperidad económica y los intereses hemisféricos de Estados Unidos.
