El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, a través de la Resolución 2717 de 2024, ha fijado el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el año 2025, con un ajuste del 5,36%.
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Esta cifra, sin embargo, ha generado una fuerte preocupación en diversos sectores del ámbito sanitario, especialmente en la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), que advierte sobre el impacto que esta decisión tendrá en la salud y la calidad de vida de millones de pacientes con enfermedades crónicas y de alto costo en el país.
El gremio ha señalado que el ajuste a la UPC no refleja de manera adecuada las necesidades sanitarias de la población colombiana para el próximo año. Según la asociación, el aumento proyectado es insuficiente y pone en riesgo la continuidad de los tratamientos médicos, el acceso oportuno a medicamentos y, en general, la garantía del derecho fundamental a la salud de los ciudadanos.
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La UPC, que representa el monto que el Estado paga por cada afiliado al sistema de salud, es crucial para financiar la atención médica y la provisión de medicamentos. Por lo tanto, cualquier ajuste debe responder de manera precisa a las necesidades de la población.
En un estudio realizado en octubre de 2024, Afidro en conjunto con Anif, revelaron que para cubrir de manera adecuada las necesidades del sistema de salud en 2025, la UPC debería incrementarse en un 16,4%.
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Sin embargo, el ajuste decidido por el Ministerio de Salud se encuentra 11,4 puntos porcentuales por debajo de esta cifra, lo que genera un desajuste entre los recursos disponibles y las necesidades reales del sector. Este déficit en la financiación amenaza con generar un efecto cascada sobre los servicios de salud y la calidad del tratamiento que los pacientes recibirán.
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Catalina Bello, directora de acceso y sostenibilidad de Afidro, expresó su preocupación respecto a “la falta de recursos financieros genera un cortocircuito en toda la cadena de suministro de medicamentos, pero el impacto más grave recae sobre la calidad de vida de los pacientes que no reciben a tiempo sus tratamientos o medicamentos. Desde Afridro, recibimos con preocupación el ajuste proyectado por el Gobierno nacional, ya que no se corresponde con la realidad actual del sistema de salud colombiano. La salud inicia 2025 con un déficit superior a los 19 billones de pesos, problema que está lejos de solucionarse con esta decisión”.
El estudio subraya que, debido a la insuficiencia de recursos, los pacientes podrían enfrentar retrasos en la entrega de medicamentos esenciales o incluso la interrupción de tratamientos continuos, lo que afectaría gravemente su bienestar. Las enfermedades crónicas, que requieren atención constante y costosa, serían las más perjudicadas por este ajuste.
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En este contexto, Afidro ha hecho un llamado al Gobierno nacional para que abra espacios de diálogo con los diferentes actores del sector salud. La organización subraya la importancia de encontrar consensos sobre los aumentos necesarios para garantizar la sostenibilidad del sistema de salud y la protección de los derechos de los ciudadanos.
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Bello agregó que “es muy importante tomar medidas que permitan solventar la crisis financiera que afronta el sistema de salud colombiano y garantizar el derecho a la salud de millones de personas en el país”.
La falta de un ajuste adecuado a la UPC podría resultar en una mayor ineficiencia en la prestación de servicios y en un aumento en las desigualdades en el acceso a la salud. Los ciudadanos más vulnerables, que dependen del sistema de salud público, serían los más afectados, según indican.
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