La Alcaldía Mayor de Bogotá anunció que empezará a cobrar a los vendedores informales de la ciudad por el uso del espacio público, en el marco del Decreto 315 de 2024, del cual se desprende el Protocolo de Aprovechamiento Económico del Espacio Público del Instituto para la Economía Social (Ipes).
El objetivo de este programa es, en palabras cortas, regular y organizar la actividad de las ventas informales en las calles de la ciudad.
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La entidad a cargo de esta estrategia explicó que el decreto anteriormente mencionado, y la Ley 1988 de 2019 reconoció a la actividad de venta informal como una manera de trabajo legítima y, bajo este contexto, el decreto 315 define al Ipes como entidad administradora y gestora de esta actividad y pide expedir el protocolo para organizarla.
Vendedores informales
“La posición del Instituto es, como siempre, abierta al diálogo, buscando lo mejor para nuestros beneficiarios. No vemos con buenos ojos que se utilicen a los vendedores informales para campañas políticas, ni para buscar intereses particulares en el espacio público. Trabajamos en garantizar acciones que propendan por la organización de los vendedores en dicho espacio”, afirmó el director del Ipes, Wilfredo Grajales Rosa, para el diario EL TIEMPO.
El protocolo
La entidad indicó que el Protocolo de Aprovechamiento Económico del´Espacio Público tiene como misión organizar y regular el aprovechamiento económico del espacio público, logrando así un equilibrio entre los derechos de los vendedores informales y el goce efectivo del espacio, asegurando un uso responsable del mismo.
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El Ipes afirmó que el decreto y los protocolos derivados de este no contemplan el retiro de los vendedores informales del espacio público; por el contrario, la meta es generar un orden en beneficio de los vendedores y de los ciudadanos.
“No existe ninguna directriz de la administración distrital, ni del director del Instituto, para desalojar a los vendedores informales“, puntualizó el Ipes para EL TIEMPO.
Vendedores informales
La entidad agregó que este protocolo promueve una retribución económica por el aprovechamiento del espacio público, siguiendo un enfoque diferencial que considere las realidades socioeconómicas de los vendedores informales.
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Esta retribución dependerá si el vendedor utiliza mobiliario propio o si hace uso de las alternativas ofrecidas por el Ipes. A la vez, se contemplan reducciones o, incluso, exenciones en la tarifa para personas que estén en condiciones de vulnerabilidad.
Acerca del tema de los permisos para el aprovechamiento del espacio público, el Ipes apuntó que estos se entregarán por un periodo de uno a dos años, dependiendo de si el vendedor informal utiliza mobiliario propio o de la entidad. Estos permisos podrán ser renovados hasta por un plazo máximo de cinco años
Vendedores informales
Finalmente, el Ipes aseguró que sustenta su gestión en la Constitución, buscando un equilibrio entre el derecho al trabajo de los vendedores informales y la conservación del espacio público. Su proceder se orienta por los artículos 25, 26 y 82 de la Carta Política, que garantizan el trabajo como un derecho y deber social, la libertad de elegir una profesión u oficio y la prioridad del interés colectivo en el uso del espacio público.
También recalcó que sigue la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que resguarda el mínimo vital de los vendedores informales y los considera un grupo en condición de vulnerabilidad.
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*Con información de EL TIEMPO – ÚLTIMAS NOTICIAS
