A comienzo de abril, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) publicó el anteproyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026 por $521,2 billones.
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Aunque esta etapa del ciclo presupuestal aún es preliminar, ofrece señales claras sobre las dificultades fiscales que tendrá el Gobierno el próximo año.
En vista de esto, el Observatorio Fiscal de la Javeriana analizó el primer insumo para entender cómo se están distribuyendo los recursos del Estado, qué sectores ganan o pierden participación y qué tendencias persisten o se agudizan.
“Como primer hallazgo, observamos que se confirma una tendencia que ya se ha vuelto estructural en las finanzas públicas del país: menos inversión, más deuda”, dice un informe de los investigadores de la Javeriana.
Las cifras
Según el anteproyecto, $324,8 billones corresponden a funcionamiento (62%), $137,4 billones al servicio de la deuda pública (27%) y $59 billones al componente de inversión pública (11%).
En ese sentido, el gasto en inversión, que debería apuntalar el crecimiento futuro y cerrar brechas estructurales, continúa perdiendo participación en el total del gasto público y la capacidad del Estado para ejecutar proyectos estratégicos, modernizar infraestructura o ampliar la cobertura de servicios sociales se ve cada vez más limitada por el peso creciente de los gastos inflexibles.
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De acuerdo con el Observatorio fiscal de la Javeriana, el anteproyecto de PGN para el año 2026 propone un monto total de $521,2 billones, lo que representa una disminución del 2% real en comparación con este año.
En específico, mientras que el gasto de funcionamiento disminuye solo en 2% real, la inversión caería 27% pasando de $81 a $59 billones, es decir, $22 billones menos.
Presupuesto General de la Nación.
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Deuda
Por otra parte, el gasto destinado a la deuda pública se incrementará en 17% pasando de $117 a $137,4 billones. Este último rubro está generando grandes presiones sobre las finanzas públicas del país. De cada $100 pesos que gastará el estado el próximo año, $27 se destinarán al pago de deuda.
Se evidencia que el servicio de la deuda pública nacional ocupa la mayor parte del gasto con $115 billones (22%), seguido por sectores como Educación con $79,3 (15%), Salud con $68,4 billones (13%), Defensa con $60,4 billones (12%) y Trabajo con $54,6 billones (10%).
Es importante resaltar que la deuda pública es un sector del presupuesto nacional y también un tipo de gasto, esto explica la diferencia que hay entre el gasto sectorizado y el gasto por tipo de gasto para el caso del servicio a la deuda pública nacional.
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En concreto, hay una diferencia entre ambos de alrededor de $20 billones; por un lado el sector de la deuda pública nacional ($115,3 billones) solo toma los pagos a capital e intereses de los créditos internos y externos a través de los que se financia el Estado, mientras que la deuda pública como tipo de gasto ($137,4 billones) incluye el servicio de la deuda y los aportes que cada entidad del orden nacional hace al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales (FCEE) creado mediante la Ley 448 de 1998.
Inversión
La crisis presupuestal afecta principalmente los sectores de Inclusión social, con una caída de $5,7 billones; Minas y energía, con $4,9 billones; Educación ($4,6 billones), Agricultura y desarrollo rural ($2,9 billones), Igualdad y Equidad ($1,7 billones), Vivienda ($1,5 billones), Salud y Protección Social ($1,3 billones), Rama judicial ($1 billón), Trabajo ($400 mil millones) e Interior ($300 mil millones).
“Ante este panorama, el anteproyecto del PGN 2026 confirma una tendencia estructural preocupante, el gasto en inversión pública continúa cayendo, mientras los pagos por servicio de deuda se incrementan y el gasto de funcionamiento sigue representando más del 60% del presupuesto. Esta composición reduce drásticamente el espacio fiscal para responder a las necesidades sociales y territoriales, y evidencia los límites de una política fiscal cada vez más condicionada por el endeudamiento y las rigideces presupuestales”, dice el informe.
En este contexto, los recortes a sectores estratégicos como Inclusión Social, Minas y Energía, Educación y Agricultura resultan especialmente problemáticos, pues afectan áreas clave para el cierre de brechas y el cumplimiento de metas de equidad. Desde el Observatorio Fiscal de la Javeriana seguimos recalcando que, la ausencia de la Oficina de Asistencia Técnica Presupuestal en el Congreso, sumada a las rigideces del gasto y la debilidad del debate público sobre prioridades fiscales, refuerzan un panorama de restricciones crecientes para el desarrollo y la sostenibilidad fiscal de largo plazo.
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