En el año 2019, el Presupuesto General de la Nación fue de $259,3 billones, de los cuales, $160,5 billones se asignaron a los gastos de funcionamiento, es decir, aquellos dineros que aseguran que el Estado pueda funcionar, tanto a nivel regional como desde el gobierno central, ya sea para garantizar la presencia de sus fuerzas o la atención social.
En 2024, cinco años después, el presupuesto total es de $503,7 billones y los de funcionamiento superan los $308,9 billones. Si bien los gastos de funcionamiento se mantienen sobre el 61% de las cuentas totales, esta realidad muestra una cara diferente cuando se deja sobre la mesa que este año son casi el doble de lo que eran hace un lustro.
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Tan solo entre 2022 y 2024, pasaron de $211,2 billones a los casi $310 ya mencionados, marcando un crecimiento en concreto de $97,7 billones. Entre tanto, para el 2025, las pretensiones originales del Ministerio de Hacienda, antes de que se cayera la ley de financiamiento, eran de $327,9 billones, que de mantenerse, dejarían menor espacio para otros frentes como la inversión.
Pago de subsidios
Un análisis del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, publicado hace unos meses, puso su atención en cómo se está gastando la plata el Estado y encontró que, para el caso de los gastos de funcionamiento, la mayor parte de los incrementos que se han realizado, obedecen al compromiso que se tiene con las transferencias corrientes.
Presupuesto General de la Nación.
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Revisando únicamente la plata que se debe usar para garantizar que el Gobierno funcione, el informe da cuenta de que entre 2019 y 2022, este tipo de gasto creció aproximadamente $87,5 billones a pesos constantes, representando un aumento del 40% a nivel general y un 5,5% del PIB proyectado para 2024.
Este crecimiento se concentró principalmente en la cuenta de Transferencias corrientes (82%), seguido de gastos de personal (14%) y en menor cuantía el resto de las cuentas (4%). De esta forma acotaron que 8 de cada 10 pesos en los gastos de funcionamiento se van a pagar subsidios y ayudas del Estado, que en ocasiones pecan por duplicidad.
“Las transferencias corrientes son recursos que se destinan a otras entidades del sector público o privado que se hacen de manera regular en cumplimiento de la Constitución y la Ley y no implican una contraprestación directa de bienes y servicios a favor del Estado. Por su parte, los Gastos de Personal se destinan al pago de salarios y remuneraciones de los empleados públicos, así como las prestaciones sociales, aportes a seguridad social, indemnizaciones y otros beneficios”, explicaron.
En el desagregado de las transferencias, las que más han pesado durante los últimos cinco años son el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (Fpec), con el 26%, seguida por el Sistema General de Participaciones (subsidios en las regiones), que abarca el 19%, y en tercer lugar las transferencias al sistema de salud, con otro 19%.
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En esta lista también aparecen las prestaciones sociales asumidas por el Estado (salud y pensiones), para las que entre 2019 y 2024 se tuvieron que destinar $13,2 billones, es decir, el 18% del incremento de los gastos. Por último están “otras transferencias corrientes”, que se tratan de leyes que ordenan alguna transferencia para gobiernos subnacionales, fondos o privados que administran recursos públicos para financiar gasto social y tiene el 17% del crecimiento del rubro de funcionamiento.
¿Cómo recortar?
Sumándose al debate que hoy en día atrae la atención de los economistas, respecto a cómo empezar a gastar menos, el Observatorio puso sobre la mesa nueva alternativas que pueden ayudar, comenzando por dar mayor autonomía a las regiones y acabar con la duplicidad de funciones entre el Estado y los entes territoriales.
Debate presupuesto nacional
César Melgarejo/ CEET
“Es necesario que los entes territoriales tengan un mayor grado de autonomía para orientar recursos a la ampliación de sus capacidades institucionales para generar ingresos propios a través de impuestos territoriales y así, reducir presión en las finanzas nacionales. Adicionalmente, en materia de salud, educación y saneamiento básico”, indicaron.
Por otra parte señalan que la atención en salud y los subsidios a pensiones deben ser revisados, con el fin de estudiar su pertinencia y acabar con beneficios a personas que no lo necesitan, así como tratamientos que no requieren financiación con dineros del Estado que podrían usarse para otras cosas.
“En cuanto a las prestaciones sociales asumidas por el Estado, estas obligaciones seguirán generando presión sobre las finanzas debido a que en la mayoría de los casos hay derechos adquiridos de por medio, como en el caso de las pensiones de las fuerzas militares y de policía o requieren reformas estructurales para su ajuste que deben surtir su proceso en el Congreso de la República como el régimen especial de salud de los maestros”, explicaron.
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Los investigadores del Observatorio indicaron también que es necesario repensar y estrechar la definición del ‘gasto social’, argumentando que cada vez es más la presión que llega por culpa de los proyectos y leyes que se crean, olvidando que el Presupuesto se rige por el principio de “unidad de caja”.
“Esto quiere decir que todos los ingresos de la Nación entran a una sola bolsa común y financian todo el gasto. Sin embargo, es posible amarrar un ingreso a un gasto en específico siempre que se considere gasto público social. El gasto público social en Colombia tiene prioridad sobre cualquier otro tipo de gasto”, reseñaron.
En este sentido, sostuvieron que dado que la definición de este término es tan amplia que ha permitido la proliferación de leyes que ordenan gasto transitorio o permanente con el calificativo de “social”, sin ninguna consideración sobre su sostenibilidad en el largo plazo.
Recesión
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El análisis cierra advirtiendo que la racionalización de primas, bonificaciones y otros pagos distintos a la asignación básica mensual es crucial para optimizar los gastos de personal en el sector público, ya que son una carga significativa para las finanzas del Estado sin necesariamente traducirse en mayor eficiencia o productividad.
Así mismo, invitaron a poner en marcha la Oficina de Asistencia Técnica Presupuestal (OATP) para respaldar al legislativo con análisis técnicos y la implementación de un modelo de presupuestación por programas y resultados, que propendan por mejorar la eficiencia del gasto público mediante incentivos orientados al logro de objetivos, sistemas de evaluación robustos y decisiones presupuestarias basadas en datos confiables.
