El Consejo de Estado fijó para el miércoles 20 de agosto de 2025 la audiencia pública del caso que busca la pérdida de investidura contra David Racero, representante a la Cámara del Pacto Histórico.
En el fallo emitido, el alto tribunal admitió una serie de pruebas documentales y testimoniales para esclarecer las presuntas irregularidades relacionadas con la vinculación y funciones de Jhon Leonardo García Lara, quien ocupó el cargo de asistente grado II en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Racero entre noviembre de 2020 y enero de 2021.
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Entre las pruebas decretadas figuran certificaciones laborales, constancias de pago de salarios, registros de llamadas telefónicas entre Racero y su exasistente, así como un informe técnico forense sobre supuestos mensajes de WhatsApp que fueron publicados en medios de comunicación.
El caso obedece a unos audios en donde el congresista de Gobierno habría ordenado a integrantes de su UTL en actividades ajenas a sus funciones oficiales.
