La lucha contra la desforestación en la Amazonia y en otros valiosos ecosistemas de Brasil es una tarea ardua y colosal que implica voluntad política, fondos, agentes forestales e ingenio. La última novedad ideada por el Gobierno federal es convertir a los bancos en fiscalizadores de lo que ocurre sobre el terreno, a miles de kilómetros de sus sucursales. A partir de este miércoles, cuando alguien solicite un crédito rural subvencionado con dinero público, el banco estará obligado a revisar en una base de datos oficial si la propiedad a la que se refiere ha talado árboles o vegetación a partir de 2019. La norma, que los bancos apoyan pero ha levantado la ira de los productores agropecuarios, es parte del arsenal gubernamental para cumplir la promesa del presidente Luiz Inácio Lula da Silva de que Brasil eliminará completamente la deforestación en 2030.
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