En medio de la incertidumbre que se vive dentro del sistema de salud colombiano por cuenta del desfinanciamiento, sumado a las decisiones tomadas por la Superintendencia sobre algunas de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y sus programas de desmonte voluntario, nuevamente se confunden las intenciones que se tienen con el sector del país.
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Si bien la Supersalud confirmó la negativa sobre la solicitud de la entidad para retirarse del sistema, para los expertos la decisión es muestra de que el Gobierno no tiene la capacidad operativa de manejar, a través de las EPS intervenidas, la población de afiliados de la EPS Sura.
De acuerdo con Jesus Albrey González, presidente Colegio de Abogados en Derecho Médico, en este momento de coyuntura en el sistema no hay forma de distribuir los 5,4 millones de afiliados entre las entidades que el Gobierno tiene intervenidas, al tiempo que pareciera ser que no se busca entregar más usuarios a las que se mantienen activas.
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Vale la pena señalar que por medio de una comunicación, la EPS Sura destacó que el sistema de salud colombiano continúa presentando una crisis estructural y coyuntural, marcada por la desfinanciación, la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y de los Presupuestos Máximos, así como por un marco jurídico que establece coberturas y servicios ilimitados frente a recursos limitados.
“El pasado 28 de mayo, EPS Sura presentó al Gobierno Nacional una solicitud para una salida ordenada del Sistema General de Seguridad Social en Salud a través de un Programa de Desmonte Progresivo, convencidos de que representa la opción más adecuada para cumplir con nuestras obligaciones con todos los actores del sistema”, indicaron.
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EPS Sura.
Archivo particular
Ahora bien, analizando la decisión desde otro punto de vista, González indicó que la posibilidad de que la EPS sea intervenida tras negar el desmonte voluntario no es posible, dado que las condiciones técnicas para esta medida no se evidencian dentro de la entidad. “Es posible que haya una estrategia de tiempo, mientras se logran las capacidades operativas o se aumentan las intervenciones de otras EPS”, señaló.
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Adicionalmente, la EPS afirmó que por solicitud de la Supersalud se acordó trabajar en la búsqueda de alternativas en pro de los afiliados y del sistema de salud en aras de encontrar soluciones técnicas para la coyuntura actual. Esto se haría evaluando mecanismos que permitan que los recursos (PBS y no PBS) sean más eficientes y fluyan mejor a las EPS, basados en indicadores de desempeño de estas.
También, por medio de un comunicado, el ente de control destacó que tras negar la solicitud de la promotora, se acordó con esta continuar trabajando en mesas técnicas que garanticen la continuidad de la prestación de los servicios y el derecho a la salud de los 5,4 millones de afiliados de la entidad.
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Frente a esto, Bernardo Useche, presidente de la junta directiva de Cedetrabajo aseguró a través de sus redes sociales que la permanencia de la EPS, tal y como lo informó la Superintendencia, donde se acordó con la entidad la decisión, se podría interpretar como un acuerdo implícito entre EPS y el Gobierno para aprobar la reforma de la salud.
Salud
iStock
“Significaría también que en el nuevo sistema de salud, el aseguramiento privado tendrá un mayor peso. De hecho, se ha reportado un incremento del 24% en seguros privados y Sura ya trasladó a sus pólizas, los seguros complementarios que estaban asociados a la EPS”, señaló.
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Agregó que estas decisiones implicarían también que se continuará con la participación en el sistema de aseguramiento social de las EPS, convertidas en Gestoras, conservando la mayoría de sus funciones.
“El gran problema es que, como concluyen los estudios realizados por distintas instituciones, la nueva reforma está completamente desfinanciada, obligando, más temprano que tarde a recortes en el plan de beneficios y en consecuencia a un aumento considerable en el gasto de bolsillo. Pacientes y usuarios del sistema, hospitales y clínicas públicos y privados y personal de salud verán agravada su situación”, opinó.
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EPS Sura.
Incertidumbre por la UPC
La Unidad de Pago por Capitación (UPC), que son los recursos per cápita que entrega el Estado para la salud de los colombianos ha sido uno de los motivos de la crisis del definanciamiento en salud, pues según expertos este indicador lleva varios años siendo mal calculado, por lo que no alcanzan los recursos para pagar los servicios de los pacientes.
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Incluso, uno de los llamados que hizo la EPS Sura fue para el Gobierno asegurando que es importante y necesario contar con una UPC suficiente, al tiempo que los recursos destinados para los presupuestos máximos, que son aquellos que cubren nuevas tecnologías y servicios en salud no financiados por el PBS, sean también los adecuados para el 2025 y que reconozcan la realidad del consumo en el país.
“Participaremos en la búsqueda de soluciones técnicas con la Superintendencia Nacional de Salud reconociendo que, en la actualidad, EPS Sura no cumple con uno de los indicadores de habilitación financiera, lo que podría dar lugar a que el ente de control tome medidas especiales”, dice la EPS.
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Por otro lado, el presidente del Colegio de Abogados en Derecho Médico, apuntó que es esencial que esta entidad continúe realizando su actividad de aseguramiento en salud bajo los mismos parámetros que la ha caracterizado. “Sin embargo, todos estaremos expectantes a que el Gobierno discuta de fondo las motivaciones que llevaron a la EPS a solicitar su retiro, en especial lo relacionado con la insuficiencia de la UPC”, destacó.
