Finalmente el gobierno de Gustavo Petro destapó sus cartas frente a los impuestos que pondrá, de manera temporal, para generar los recursos que necesita con miras a atender la crisis económica y social que se vive en el Catatumbo por culpa del conflicto armado. En total serán tres y tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de este año.
En total serán tres los cambios en el esquema tributario, que irán hasta el 31 de diciembre de este año, a la espera de recaudar, según fuentes del Ministerio de Hacienda, $3 billones en un período de 10 meses, aproximadamente. Dinero que, según se estableció en la normativa, será únicamente para superar la crisis social en las poblaciones que fueron cobijadas por el estado de excepción.
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Según dicta el Decreto 175 del 14 de febrero del 2025, los tres cambios golpearán los juegos de suerte y azar en línea, al petróleo y el carbón, y a los trámites de notariales con el impuesto al timbre. Todo esto, mientras el Gobierno trabaja de forma paralela en un nuevo proyecto de reforma tributaria que irá a buscar como base $12 billones adicionales.
Golpes a la economía
Tan pronto como se conocieron estos cambios tributarios, uno de los primeros debates de la opinión pública se centró en los impactos que tendrá en la economía, especialmente la industria de hidrocarburos y carbón, aumentando su carga tributaria hasta niveles considerados confiscatorios.
Adicionalmente, para Álvaro Andrés Díaz, socio y codirector de la práctica de tributario de Gómez-Pinzón Abogados, no hay que pasar por alto que la imposición del IVA podría llevar a la salida de operadores del mercado colombiano.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Archivo particular
“El timbre del 1% generará sobrecostos que entorpecerán las transacciones en el país volviendo quizás a la informalidad en muchos casos. También hay que decir que los $3 billones esperados son una meta muy alta, sin embargo, lo que esperan recaudar con los hidrocarburos y el carbón no será una suma despreciable”, acotó.
Así las cosas, puso sobre la mesa que “habrá que tener en cuenta que, en caso de pagarse y no pasar el decreto el examen de constitucionalidad existe la posibilidad de recuperar lo pagado indebidamente”, advirtiendo de esta forma que se trata de un debate que apenas está empezando y empezará a recorrer su prueba más importante en la Corte.
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En el mismo sentido, Juan Camilo Riveira, senior counsel en Holland & Knight, aseguró que estos nuevos impuestos llegarán a dos sectores que ya han sido muy golpeados por otras reformas tributarias en el pasado, complicando la situación de una industria como la extractiva, que tiene cargas impositivas muy altas.
“El nuevo impuesto a las extracciones de hidrocarburos y carbón, aunque es temporal, incrementará la carga tributaria de sectores ya altamente gravados y que en realidad aportan de manera significativa a la economía y desarrollo del país. Esto podría desincentivar la inversión y afectar la competitividad de estas industrias, dejándonos en un lugar desfavorecido frente a otras jurisdicciones”, resaltó.
En lo que concierne a los juegos de suerte y azar en línea, pidió no pasar por alto que con esto “se encarecen las apuestas e invitan a que los consumidores de esta industria acudan a la informalidad, afectando así la estabilidad de una industria importante”.
Juegos de azar.
iStock
Un fuerte debate
Si bien el Ministerio de Hacienda se mantiene en que los impuestos cumplen la norma y su vigencia puede ir por todo el año, analistas consultados por Portafolio sostienen que la batalla jurídica no será fácil y que deberá hacerse una muy buena sustentación ante la Corte Constitucional de la pertinencia y sobreviniencia de la conmoción interior.
José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, hay pronunciamientos previos de la Corte Constitucional que podrían debilitar la validez del decreto; mientras que, dado que el impuesto se extiende hasta 2025, esto podría ser problemático si no se justifica suficientemente su relación con la crisis del Catatumbo.
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“Aunque la Ley 137 señala que se pueden imponer contribuciones para una vigencia fiscal o durante la vigencia de la conmoción, considero que existen dos sentencias de la Corte que podrían debilitar este decreto: la 83 de 1993 y la 876 de 2002. Esta última establece que las medidas adoptadas en un estado de conmoción deben estar específicamente dirigidas a conjurar las causas de la crisis, y su duración debe limitarse al período de excepcionalidad”, indicó Restrepo Abondano.
Así mismo, destacó que “la Sentencia 83 de 1993 establece que los impuestos creados bajo un estado de excepción no pueden ser permanentes, sino temporales y directamente relacionados con la situación que los motiva. En este sentido, el Gobierno deberá justificar por qué se requiere la recolección de recursos durante todo el año 2025”.
Catatumbo
EL TIEMPO
Pedro Sarmiento, socio director de impuestos y servicios legales Crowe Co, agregó que aunque el decreto tiene fundamentos jurídicos sólidos en el contexto del estado de conmoción interior, plantea desafíos considerables en su aplicación práctica.
“El artículo 363 de la Constitución exige que los tributos sean equitativos y eficientes. La carga impuesta a los operadores de juegos de azar en línea y al sector extractivo podría considerarse desproporcionada, afectando el principio de capacidad contributiva”, indicó.
Otro elemento que podría revisarse para este experto es el principio de certeza jurídica, ya que la “temporalidad y las condiciones específicas de aplicación de estos impuestos podrían generar ambigüedad y confusión entre los contribuyentes, lo que abriría la puerta a demandas por falta de certeza y seguridad jurídica”.
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Meta incierta
En el cierre de este debate, Lisandro Junco, exdirector de la Dian, cuestionó la viabilidad del recaudo proyectado por el Gobierno, señalando que los impuestos incluidos en el decreto no generarán los ingresos esperados. Para este analista, el IVA a los juegos de azar en línea desincentivará la participación y el impuesto de Timbre no captará suficientes recursos debido a la anticipación de los contribuyentes.
“La gente se anticipó a este decreto e hizo todos los documentos escriturales ante las notarías y por lo tanto, en ese margen que hubo entre el anuncio y el decreto se hicieron muchísimas transacciones sin el impuesto del Timbre del 1%. El tercer impuesto que es gravar más las exportaciones de hidrocarburos y mineros creo que es un impuesto inconstitucional porque afecta un sector, se ensaña con un sector”, criticó.
Así las cosas, ahora el decreto de los impuestos para el Catatumbo, como los denominó el Gobierno Petro, pasarán a un nuevo round, esta vez, en la Corte Constitucional, donde se decidirá si dan o no luz verde a su implementación o se caen por considerar que van en contra de la legislación vigente.
