Un reciente estudio de la Contraloría General de la República, revelado esta semana, puso nuevamente el foco de la opinión pública en una realidad de la que mucho se ha hablado y poco se ha hecho, dentro del mercado laboral, dado que encendió las alarmas sobre la persistencia de altos niveles de informalidad y la falta de efectividad de las políticas públicas implementadas para hacerle frente.
De acuerdo con este organismo de control fiscal, es necesario cuestionar la gestión del Estado en esta materia, al tiempo que propuso un gran pacto nacional que permita enfrentar de manera estructural uno de los principales desafíos sociales y económicos del país.
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El informe, titulado “Contexto de la informalidad laboral en Colombia 2014-2023”, fue presentado por la Dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría Delegada para el Sector Trabajo durante un evento realizado en la Universidad Externado de Colombia. El encuentro contó con la participación del contralor en funciones, Luis Enrique Abadía; el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino; el vicepresidente de Asuntos Jurídicos de la Andi, Alfonso Palacios Torres; y el economista e investigador Juan Camilo Villar Otálora.
Allí, el contralor Abadía señaló que la falta de acceso a empleos formales mantiene a millones de colombianos en condiciones precarias, sin posibilidad de mejorar su calidad de vida, por lo que hizo un llamado a establecer un acuerdo nacional por la formalización laboral, que trascienda gobiernos y ciclos políticos.
Informalidad.
Archivo EL TIEMPO
“A juicio de la Contraloría General de la República, esta radiografía de la informalidad, a múltiples niveles y condiciones, amerita un gran pacto nacional por la formalización, que trascienda gobiernos y ciclos políticos”, precisó.
El contralor también se refirió al reciente archivo de la reforma laboral propuesta por el Gobierno Nacional, calificándolo como una oportunidad para reflexionar sobre el futuro del trabajo en Colombia, dado que si bien reconoció avances en el reconocimiento de derechos laborales, advirtió que algunos elementos de la reforma habrían podido generar efectos indeseados en el empleo formal.
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Uno de los aspectos destacados del informe fue la regulación del trabajo en plataformas digitales de reparto, incluida en la reforma archivada y fue considerado por el organismo de control como un paso positivo, al representar un consenso entre el Gobierno y el sector privado para formalizar a miles de trabajadores actualmente sin protección social.
No obstante, enfatizó que el archivo del proyecto no implica el cierre del debate, sino una oportunidad para construir propuestas realistas, aplicables y con visión de futuro.
Informalidad.
Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO
Un flagelo que persiste
El estudio de la Contraloría reveló que en 2023 la informalidad laboral alcanzó el 43% en las 23 principales ciudades del país, una cifra que, aunque muestra una leve mejoría frente a años anteriores, continúa siendo elevada en comparación con los estándares internacionales. Así mismo, señalaron que que los trabajadores entre 41 y 60 años son los más afectados por esta condición, seguidos por aquellos entre 29 y 40 años, lo que limita sus oportunidades de estabilidad económica.
“Desde una perspectiva de género, si bien se han logrado avances en la inclusión laboral de las mujeres, estas siguen enfrentando barreras significativas, especialmente relacionadas con las responsabilidades de cuidado”, dice el reporte.
En cuanto al nivel educativo, los datos muestran que la pandemia dejó una huella profunda, teniendo en cuenta que entre 2020 y 2021, el número de trabajadores sin educación aumentó de 148.000 a 394.000, reflejando el impacto desproporcionado sobre los grupos más vulnerables.
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Palos en la rueda
En el ámbito empresarial, el Índice Multidimensional de Informalidad Empresarial (IMIE), elaborado por el Dane, registró una tasa del 90,1% en 2022, mientras que sectores como minería (99,6%), transporte (98,7%), construcción (97,5%) y agricultura (95,3%) destacan por sus elevados niveles de informalidad.
El informe de la Contraloría identifica como principales barreras para la formalización empresarial los altos costos de la seguridad social, la tramitología excesiva y la falta de acceso al crédito.
Informalidad laboral.
Archivo EL TIEMPO
A nivel regional, las ciudades con mayor informalidad empresarial fueron Sincelejo (98,6%), Riohacha (97,9%), Cartagena (97,9%) y Santa Marta (97,7%). En contraste, Tunja (69,3%), Manizales (75,9%) y Bogotá (75,1%) mostraron niveles relativamente más bajos, aunque aún preocupantes. El informe señala que estas diferencias reflejan dinámicas económicas locales, pero también la resistencia estructural a la formalización en ciertos territorios.
Ante esto, la Contraloría concluyó que el país enfrenta un momento clave para redefinir el modelo laboral, y reiteró su llamado a todos los sectores para participar en un debate serio, técnico y pluralista que permita diseñar soluciones estructurales, sostenibles y acordes con la realidad social y económica del país.
