Ante la falta de apoyo que ha recibido en el Congreso a la hora de impulsar las reformas sociales que prometió en campaña, el presidente Gustavo Petro anunció hace algunas semanas que se la jugará por convocar una consulta popular en la que sean los colombianos quienes decidan si quieren o no cambiar las cosas, según las propuestas que ha venido realizando desde que comenzó su mandato.
Básicamente, el mandatario de los colombianos incluiría en este llamado a las urnas, preguntas relacionadas con la reforma laboral y no se descarta que también entre la de salud si no corre con buena suerte en el Legislativo. Para Petro Urrego, es el pueblo quien debe decidir y no unos pocos congresistas que, desde su óptica, se convirtieron en una talanquera para generar un cambio.
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Si bien este es un proceso válido y aprobado por la legislación nacional, recientemente ha surgido una duda en la opinión pública, relacionada con si hay o no la plata que se necesita para realizar esta consulta, teniendo en cuenta que el país atraviesa por uno de sus momentos de caja más apretados de la historia reciente y la urgencia es recortar el gasto y no generar presiones que acaben en déficit.
Cuidar la plata
La firma Crowe Co se dio a la tarea de revisar las implicaciones o requerimientos presupuestales que y destacó en primer lugar, que si bien la consulta está amparada por el artículo 103 de la Constitución, requerirá la aprobación del Senado para avanzar, un trámite que promete convertirse en un nuevo escenario de confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo.
“Si la iniciativa supera este obstáculo, la Registraduría Nacional será la encargada de organizar la votación en un plazo de tres meses. Para que la consulta sea válida, al menos el 33 % del censo electoral (13,6 millones de colombianos) deberá participar, y la opción del ‘Sí’ necesitará obtener más del 50 % de los votos. Este representa un desafío considerable para el Gobierno, que tendría que movilizar un respaldo electoral incluso mayor al que llevó a Petro a la presidencia en 2022, con 11,3 millones de votos”, acotaron.
Presidente Gustavo Petro
Pasando a lo netamente económico, estos analistas partieron indicando que la consulta popular enfrenta diversos desafíos económicos y logísticos, dado que la situación fiscal del país y la lenta recuperación económica podrían afectar su viabilidad, mientras que la cercanía con las festividades de fin de año podría reducir la participación ciudadana.
En este punto, según sus cálculos, estimaron que en caso de aprobarse, la votación se llevaría a cabo entre octubre y noviembre, evitando interferencias con las elecciones presidenciales de 2026, con lo cual, se avizora el primer riesgo para el proceso. Ante esto, resaltan que es necesario analizar a fondo si vale la pena hacer ese gasto o no.
“Más allá del resultado, es evidente que esta iniciativa podría profundizar aún más la polarización política y abrir un nuevo capítulo en la confrontación entre la Casa de Nariño y el Congreso. Surge la pregunta: ¿es oportuna esta propuesta en un contexto donde el Gobierno alega falta de recursos? ¿De dónde saldrá su financiamiento?”, cuestionaron.
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Cuánto costaría
Esta firma de contadores hizo un análisis financiero de la situación y determinó que el proceso electoral podría costarle al país, en promedio, $119.000 millones. Sin embargo, estimaciones basadas en iniciativas anteriores, como la consulta anticorrupción de 2018, sugieren que el gasto podría superar los $400.000 millones si se consideran ajustes por inflación y ampliaciones logísticas.
Juan Carlos Arbeláez Mesa, socio del área de Impuestos y Servicios Legales de Crowe Co, recordó que en 2018, dicha votación costó aproximadamente $240.000 millones y que siete años después, con los costos de vida actuales, esta votación podría superar ampliamente esa cifra, en medio de un contexto en el que no hay plata.
Pesos colombianos
Este cálculo tuvo en cuenta elementos como la impresión de material electoral, punto en el que estiman que la impresión de entre 35 y 40 millones de tarjetones, con un costo de $200 a $300 cada uno, representarían entre $7.000 millones y $12.000 millones. A esto se suman los formularios de conteo de votos, sobres de seguridad y urnas de cartón.
“También está la logística y transporte, dado que la distribución del material electoral a más de 100.000 mesas en todo el país implicaría gastos en transporte terrestre y aéreo, almacenamiento seguro y adecuación de los puestos de votación. Este rubro costaría entre $20.000 millones y $30.000 millones”, manifestó Arbeláez.
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Por otra parte, aunque los jurados de votación no reciben salario, desde Crowe Co destacaron que la Registraduría debe contratar personal de soporte para el escrutinio, capacitar funcionarios y cubrir viáticos y horas extras de jueces y notarios, lo que derivaría en un costo estimado entre $40.000 millones y $60.000 millones.
“La consulta va a requerir servidores, software de escrutinio y líneas seguras de transmisión desde zonas apartadas, con un gasto estimado de entre $15.000 millones y $25.000 millones. Además, la Registraduría y otras entidades suelen realizar campañas informativas para incentivar la participación ciudadana y este rubro podría costar entre $3.000 millones y $5.000 millones”, agregaron.
Votaciones
Así las cosas, Arbeláez cerró diciendo que financiar la consulta podría implicar reasignar recursos de sectores clave como educación, salud y vivienda y que las opciones incluyen usar el capital del Fondo de Contingencias o reservas presupuestales, recurrir a los recursos del Tesoro Nacional, lo que aumentaría el déficit fiscal, o emitir deuda pública (TES), incrementando la carga de intereses del Estado.
Basado en esto, desde un punto de vista técnico y financiero, dijo que llevar a cabo esta iniciativa en el actual contexto presupuestal es cuestionable, ya que “si el propio Gobierno reconoce diariamente la difícil situación fiscal, destinar entre $400.000 y $500.000 millones a un proceso electoral extraordinario resulta una decisión poco prudente e inoportuna”, enfatiza.
