Diferentes actores de la salud continúan alertando de la crisis estructural que vive el sistema, donde no solo es el desabastecimiento o la falta de entrega de medicamentos, sino también el contexto financiero de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) del país, que cada día se vuelve más crítico.
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El reciente informe del Observatorio Financiero de Así Vamos en Salud, basado en los datos de la Superintendencia Nacional de Salud al cierre de 2024, revela un deterioro significativo en los principales indicadores financieros del sistema.
Con un patrimonio negativo que llega a -$9,7 billones y un resultado operacional con pérdidas por $6,8 billones, las alarmas sobre la sostenibilidad del sistema de salud, que hoy por hoy ya se encuentra desfinanciado.
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El centro de pensamiento reveló que la ausencia de Nueva EPS en los registros financieros oficiales de 2024 agrega una incertidumbre adicional a toda la situación del sistema de salud. Esta entidad, que en 2023 representó el 23,9% de los ingresos del sistema y cuenta con 11,5 millones de afiliados, no ha reportado sus datos, lo que sugiere que la crisis financiera podría ser aún más profunda de lo que reflejan los informes actuales. “Sin la información de Nueva EPS, los datos presentados carecen de una proporción significativa de la realidad financiera del sistema“, señala el informe.
Uno de los hallazgos más preocupantes es la creciente brecha entre los activos y pasivos de las EPS. De acuerdo con el informe, el año pasado el pasivo superó al activo en todas las categorías analizadas, tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado.
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“El resultado negativo del patrimonio para la totalidad del sistema se incrementó de 2023 a 2024 en $4,7 billones, pasando de -$5,0 billones a -$9,7 billones“, indica el documento. Este deterioro ha sido una constante en los últimos años, con un aumento del 93% en el patrimonio negativo desde 2023.
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Si se analiza la situación por regímenes, el subsidiado es el más golpeado, con un patrimonio negativo de -$4,9 billones, mientras que el contributivo y el mixto también reflejan números rojos. Ninguna de las EPS evaluadas muestra un patrimonio positivo, un hecho que cuestiona la sostenibilidad del modelo de financiamiento actual.
El problema no es reciente. En la última década, el sistema de salud ha venido arrastrando problemas estructurales que se han agravado con el aumento de costos en la prestación de servicios de salud y la falta de ajustes oportunos en los pagos que reciben las EPS.
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Mientras que los gastos médicos han crecido a tasas superiores al 10% anual, los recursos recibidos del Estado y las cotizaciones han mostrado incrementos más moderados. Esto ha generado una brecha insostenible que se traduce en el déficit financiero que hoy afecta a las EPS.
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Siniestralidad y pérdidas
Las EPS enfrentan pérdidas operacionales en todos los frentes. En el régimen contributivo, el detrimento ascendió a $3,9 billones, representando el 57% del total, mientras que para el caso del subsidiado fue de $1,5 billones y en el mixto de $1,3 billones. Comparado con 2023, la pérdida operacional total aumentó en un 48%, evidenciando una tendencia de deterioro constante.
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Un factor clave en esta crisis es la alta siniestralidad, es decir, la relación entre los costos médicos y los ingresos operacionales. En 2024, este indicador alcanzó el 102,4%, lo que significa que las EPS están gastando más en atención médica de lo que reciben en ingresos. Si se suman los gastos administrativos, la relación se eleva al 109,9%, lo que deja claro que el modelo no está generando los recursos suficientes para cubrir los costos del sistema.
En el régimen contributivo, EPS como Sanitas y Famisanar concentran las mayores pérdidas operacionales. “El 30,5% de la pérdida en este régimen se atribuye a Sanitas, con $1,1 billón, seguida de Famisanar, con $839.000 millones“, detalla el informe. En el régimen subsidiado, Asmet Salud lidera las pérdidas con $563.000 millones, mientras que en el grupo mixto, Coosalud EPS acumula un déficit de $1,1 billones.
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El incremento en la siniestralidad se debe, en parte, al envejecimiento de la población afiliada y al aumento de enfermedades crónicas, que han disparado los costos de atención. “Estamos viendo cómo el sistema no se adapta a las necesidades de salud actuales. Cada vez hay más pacientes con enfermedades de alto costo y las EPS no cuentan con los recursos para garantizar una atención integral“, advierte un experto del sector.
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Un patrimonio en caída libre
El comportamiento del patrimonio de las EPS muestra una tendencia alarmante. En 2024, 14 de las 24 EPS analizadas registran patrimonio negativo, con Famisanar liderando la caída al reportar un déficit de $2,1 billones, un aumento del 43,4% respecto a 2023. “Cinco entidades concentran el 70% del patrimonio negativo del sistema: Famisanar (20,8%), Emssanar (17,5%), Asmet Salud (12,2%), Savia Salud (10,6%) y Sanitas (9,4%)”, se detalla en el boletín.
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Las EPS del régimen subsidiado son las más afectadas, concentrando el 51% del patrimonio negativo total, mientras que el régimen contributivo representa el 40,1%. Sin embargo, el incremento en las pérdidas no distingue entre regímenes: el deterioro es generalizado y persistente.
Según Así Vamos en Salud, el desbalance financiero de las EPS no solo afecta a las entidades aseguradoras, sino que impacta directamente a los hospitales, clínicas y demás prestadores de salud. Los retrasos en los pagos han generado problemas de liquidez en todo el sistema, afectando la calidad y oportunidad en la atención de los pacientes.
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Ahora bien, entre las principales conclusiones del informe, se detalla que el modelo de aseguramiento enfrenta una crisis estructural que requiere soluciones inmediatas. “El sistema requiere liquidez con urgencia para su correcto funcionamiento“, enfatiza el documento, y advierte que sin una inyección de recursos y un mejor control del gasto, la viabilidad de varias EPS está en riesgo.
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Expertos del renglón han propuesto distintas soluciones, entre ellas un aumento en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para cubrir los costos reales de la atención en salud, así como un mayor control sobre los gastos administrativos de las EPS. También se ha planteado la posibilidad de fortalecer los mecanismos de supervisión para garantizar que los recursos se usen eficientemente y se eviten desvíos de fondos.
