La Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), manifestó al Gobierno Nacional su preocupación frente al proyecto de Decreto Único Reglamentario que pone en entredicho la participación del seguro previsional en el nuevo sistema pensional a pesar de que la Ley 2381 de 2024 reconoce su valor y relevancia.
El gremio dijo que con el seguro previsional, hoy más de 154.000 familias colombianas reciben una mesada pensional, demostrando ser de vital relevancia en momentos de alta exigencia, como lo fue durante la pandemia, cuando las aseguradoras desembolsaron cerca de $1,5 billones para atender siniestros derivados de fallecimientos y otras contingencias asociadas al covid-19.
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Aseguró que el seguro previsional garantiza una pensión digna para aquellas personas que, debido a la pérdida de su capacidad para trabajar, no pueden continuar cotizando. Además, otorga una pensión de sobrevivencia para las familias de los trabajadores que fallecen antes de alcanzar la edad de jubilación, proporcionando así tranquilidad y estabilidad económica en momentos difíciles.
Pensión
Advirtió que si desaparecen las bondades del seguro previsional, la obligación de cubrir estas pensiones recaerá directamente sobre el Estado y podría representar una carga fiscal significativa, ya que los riesgos permanecen.
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De acuerdo con algunas disposiciones del proyecto de reglamentación, el seguro previsional podría extinguirse en la práctica como mecanismo general, debido a que otorga inicialmente preferencia a un esquema alternativo, basado en un patrimonio autónomo, para que Colpensiones administre los riesgos de invalidez y sobrevivencia. Transcurrido un año a partir de su implementación, la entidad deberá definir el mecanismo más idóneo para cubrir estos riesgos a partir de un estudio técnico propio cuya metodología, difusión y condiciones no están claramente definidas en el articulado propuesto.
Además, el gremio enfatizó en que esta disposición introduce un alto grado de incertidumbre sobre el futuro del seguro previsional.
Pensión
“Se debe garantizar una adecuada reglamentación de la cobertura del riesgo del deslizamiento del salario mínimo, es decir, la diferencia entre el incremento del salario mínimo y la variación del IPC, a la que están expuestas las rentas temporales. Esto es fundamental porque el valor del seguro depende del costo de dichas rentas. Sin cobertura, el costo de las rentas aumentaría, lo que podría hacer insostenible el seguro“, finalizó Fasecolda.
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