En el entorno empresarial, las juntas de socios y las asambleas de accionistas suelen percibirse como simples formalidades para cumplir con requisitos legales. Sin embargo, en un contexto de cambio constante, marcado por riesgos reputacionales, disputas de poder y una creciente demanda de transparencia, el papel del abogado va más allá de la supervisión normativa. Su labor no se limita a verificar quórums o redactar actas; se convierte en un articulador de consensos, un garante de la gobernanza y un mediador clave entre la normativa legal y los intereses de la compañía.
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Más allá del cumplimiento legal, este profesional del derecho complementa la visión del negocio y facilita la toma de decisiones oportunas. “Cuando los abogados participamos en las asambleas de accionistas o juntas de socios, particularmente en las ordinarias, podemos aclarar inquietudes, plantear alternativas y proponer mejoras para el adecuado desarrollo de la operación de la empresa. Esto evita que los temas se dilaten por falta de entendimiento sobre los requisitos legales aplicables o por desconocimiento de alternativas jurídicas que podrían representar beneficios”, explica Alba Malagón, Socia de Holland & Knight.
En este sentido, el abogado desempeña un rol clave en la creación de herramientas de buen gobierno corporativo adaptadas a cada empresa, fortaleciendo la transparencia y generando confianza. Según Malagón, contar con buenas prácticas de gestión y manuales adecuados de administración no solo previene conflictos, sino que también facilita su resolución, estableciendo pasos claros para abordar diferencias que puedan surgir.
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Además, los abogados apoyan constantemente a los órganos de administración en la toma de decisiones estratégicas a distintos niveles, ya sea contractual, de cumplimiento o litigioso. “Nuestro trabajo permite integrar diversas áreas, anticipar riesgos y proyectar asuntos que puedan ser trascendentales para el cumplimiento de obligaciones”, agrega Malagón.
Papel preventivo
La intervención oportuna del letrado también previene reprocesos derivados de la falta de información o del desconocimiento de las disposiciones legales aplicables, obstáculos comunes en la implementación de decisiones empresariales.
“No se puede ignorar que cuando las decisiones llegan a los accionistas o socios, ya ha habido un trabajo previo de la administración. Sin embargo, el apoyo de los abogados antes y durante la reunión es fundamental para mejorar la eficacia del debate y atender inquietudes de manera ágil”, concluye Malagón.
En cuanto a las estrategias para mediar en disputas durante las asambleas, Andrés Ordoñez, socio de la práctica de Fusiones & Adquisiciones de Garrigues en Colombia, destaca que el abogado puede implementar desde los estatutos reglamentos claros con condiciones y procedimientos para su adecuado funcionamiento.
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“Además, el abogado debe contar con habilidades comunicativas sólidas que permitan alcanzar acuerdos de manera eficiente y sin generar conflictos innecesarios. Para ello, es esencial el uso de la escucha activa y una actitud propositiva, lo que facilita un entendimiento claro entre las partes y permite resolver desacuerdos de forma constructiva”, afirma.
El papel del jurista en las decisiones corporativas ha evolucionado más allá del cumplimiento normativo, consolidándose como un asesor estratégico que contribuye a la solidez y sostenibilidad de la empresa. Su participación activa en estos espacios garantiza que las decisiones sean informadas, alineadas con los objetivos corporativos y ejecutadas de manera eficiente.
Para asegurar que la información legal sea comprendida por todos los participantes en las juntas y asambleas, Ordoñez enfatiza en que “cuando el abogado cumple un rol de miembro de la junta directiva, no solo ofrece su perspectiva jurídica, sino que también actúa como facilitador en las discusiones, contribuyendo con su conocimiento especializado para brindar explicaciones que colaboren al entendimiento de los temas discutidos, pero sin sobreponerse a las funciones del gerente legal, quien es el responsable de la dirección jurídica general de la empresa”.
Redacción Portafolio
