El Gobierno de Abelardo de la Espriella busca golpear a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la justicia transicional que juzga a los máximos responsables de la guerra en Colombia. El partido Salvación Nacional, que avaló la candidatura del mandatario de ultraderecha, ha radicado dos proyectos de ley en contra de su funcionamiento: el primero, una asfixia presupestal que los deja sin recursos para funcionar; y el segundo, una reforma constitucional para que los casos de los militares investigados en la JEP por crímenes de lesa humanidad pasen a manos de la Justicia Penal Militar. El presidente de la entidad judicial, el magistrado Alejandro Ramelli, ha anunciado que acudirá a instancias internacionales para defender al tribunal que nació de los acuerdos de paz firmados hace diez años entre el Estado y la antigua guerrilla de las FARC.
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