El inédito enfrentamiento del Gobierno de Costa Rica contra el Poder Judicial ha escalado a un fuerte recorte presupuestario que las autoridades judiciales denuncian como un ataque político de tipo autoritario. Advierten, además, de que la medida podría limitar las investigaciones y juicios contra el crimen organizado. La presidenta Laura Fernández y su mano derecha, el expresidente Rodrigo Chaves, aducen la necesidad de achicar el gasto estatal, a pesar de la alta preocupación por la ola de violencia que sufre el país centroamericano, reconocido durante años por su relativa seguridad y estabilidad política.
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