En una carta dirigida a los senadores que fungirán como coordinadores y ponentes en el trámite del proyecto de reforma al sistema laboral del país, diferentes gremios empresariales del sector de vigilancia y la seguridad privada del país expusieron diferentes inconveniencias del proyecto, a la vez que solicitaron archivar la iniciativa del Gobierno Nacional en el primer debate de este articulado en la Comisión VII de esta corporación legislativa.
En la misiva, aseguran que “(…) tras un análisis profundo y considerando los efectos gravísimos que tendría esta propuesta en la generación de puestos de trabajo, el empleo formal y la sostenibilidad económica de las empresas de la industria, solicitamos con toda claridad el archivo definitivo del proyecto“.
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Entre las razones, explicaron que la iniciativa tendría vicios de inconstitucionalidad, puesto que estaría violando el principio de progresividad de los derechos sociales en materia de empleo y de libre empresa y competencia.
“El proyecto normativo a través de sus distintos cambios genera cargas económicas inmediatas y desproporcionadas al sector empresarial colombiano, lo que implica poner en riesgo no solo la estabilidad financiera y estructural de estas, sino en mayor parte la estabilidad laboral de aquellos puestos formales de trabajo que con mucho esfuerzo se han logrado obtener“, mencionan en la carta.
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Archivo EL TIEMPO
Los líderes gremiales citaron a las cifras de empleo reportadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) para el mes de septiembre del presente año, en la que la tasa de desocupación del total nacional obedeció al 9,1% e hicieron lo mismo con la cifra de ese mismo mes, pero del 2023, cuando esta tasa se ubicaba en 9,3%.
“Esto quiere decir que el sector empresarial ha venido construyendo a lo largo de estos años, estrategias eficientes en aras de generar puestos de trabajo que mitiguen el impacto social que conlleva la informalidad en Colombia, pues nótese como nos estamos acercando a cifras de desocupación que no se evidenciaban desde el año 2017“, añaden en la misiva.
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Aseguran que, de aprobarse la reforma, los derechos laborales de los trabajadores se verían afectados, pues, según mencionan, “la aplicación expresa del proyecto normativo que se tramita, contraviene directamente el artículo 53 constitucional que estructura los principios mínimos fundamentales en el que se sostienen las relaciones individuales en Colombia, es por ello que principios tales como la estabilidad en el empleo, la igualdad de oportunidades para los trabajadores y las garantías de la seguridad social, están en riesgo inminente por situaciones conexas y/o derivadas del contexto económico que conlleva la aprobación del texto normativo por medio del cual de plantea una reforma laboral“.
Y agregan: “En lugar de generar condiciones que promuevan el empleo formal y la dignidad en el trabajo, la reforma que se tramita, al generar incrementos en los costos laborales de manera abrupta, desincentiva la generación de empleo y fomenta la informalidad laboral que ha sido una problemática constante que se ha venido atacando y como se evidenció en líneas anteriores, ha disminuido como consecuencia de las estrategias económico-empresariales de todos los sectores productivos en el país“.
Seguridad privada
FOTO: iStock
Respecto a la libertad de empresa y libre competencia, los líderes gremiales aseguran que el proyecto estaría imponiendo restricciones contractuales y carga tributaria adicional, que limitaría la capacidad de operación de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas.
“Esto vulnera el artículo 333 de la Constitución de la Constitución Política de Colombia, que garantiza la libertad económica y la iniciativa privada, pilares fundamentales del desarrollo económico nacional“, aclaran.
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Además, citaron a la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), la cual aseguró que los cambios propuestos en recargos y horarios reducirían la competitividad y la inversión extranjera en el país.
“Una menor competitividad puede traducirse en la disminución de la capacidad del país para atraer inversión, limitar la creación de empleo formal y reducir el crecimiento de sectores productivos estratégicos. Con una productividad laboral de 14,2 dólares/hora, significativamente por debajo del promedio de la Ocde de 55,7 dólares, estas medidas podrían profundizar los desafíos estructurales, dificultar la reactivación económica y debilitar aún más la posición de Colombia en los mercados internacionales“, puntalizan.
Seguridad privada
Abel Cárdenas / Portafolio
Efectos en el sector de la vigilancia privada
Los gremios del sector afirman en el comunicado que la reforma haría que los costos operativos de este sector aumentarían en un 23% debido a los recargos nocturnos y dominicales, lo cual pone en riesgo la sostenibilidad de más de 800 empresas.
De hecho, también mencionaron que este cambio ya incrementó el valor de la hora ordinaria de trabajo en un 14%, al redistribuir el salario mínimo entre un menor número de horas laboradas, lo que aumentó los costos de la mano de obra.
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“La reforma laboral propone ajustes adicionales, como la ampliación del horario nocturno y el aumento de los recargos dominicales y festivos, lo que sumado al impacto de la reducción de la jornada, afecta significativamente la capacidad de las empresas para contratar trabajadores. Esto se agrava si se consideran los incrementos futuros en el salario mínimo, lo que pone en riesgo tanto el empleo formal como la sostenibilidad económica del sector“, dijeron.
Sobre la reducción de la jornada laboral, cabe mencionar que en el año 2021 se aprobó la Ley 2101, que reglamenta la reducción progresiva de la jornada laboral semanal de 48 a 42 horas, meta que se alcanzará en 2026, sin afectar el salario de los trabajadores.
Según los dirigentes gremiales, “esto no solo provocaría despidos masivos, sino que incentivaría el crecimiento de la vigilancia ilegal, exponiendo a millones de usuarios (comercios, edificios residenciales e industrias) a mayores riesgos de inseguridad. Para los clientes, esto se traducirá en un aumento del 18,6% en la tarifa de los servicios, encareciendo significativamente la contratación de vigilancia formal“.
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