Pese a que las lecciones del pasado demostraron que adelantar la autorretención en la fuente y usar el dinero que no se tiene para cuadrar la caja y asegurar los gastos del presente es una idea riesgosa para las finanzas del Estado, el gobierno de Gustavo Petro está pensando en volver a acudir a esta medida para enfrentar la crisis de liquidez que enfrenta, sumando mayor presión a sectores claves para las finanzas públicas.
Esto, partiendo de un borrador de decreto que el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) publicaron para comentarios y que busca modificar el esquema de autorretención en la fuente a título del impuesto de renta, argumentando para este fin la senda de reactivación que vive el país.
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El documento, que se encuentra en etapa de consulta pública, representa uno de los movimientos fiscales más significativos del Gobierno Nacional en lo corrido del año y apunta a incrementar de manera anticipada el recaudo tributario, en medio de un complejo escenario de presión fiscal.
Entre otras cosas, la medida contempla un ajuste de tarifas de autorretención para casi todos los
sectores económicos, con incrementos relevantes en industrias extractivas como el carbón y el petróleo. Para el caso del carbón, la tarifa pasaría del 3,2% al 5,5%, lo que representa un aumento del 72%. En el petróleo crudo, el ajuste sería del 5,6% al 7%. Este nuevo esquema reemplazaría lo establecido en el Decreto 242 de 2024.
Pesos colombianos
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Según el borrador, las nuevas tarifas se aplicarán sobre cada pago o abono en cuenta que reciba el contribuyente, de acuerdo con su actividad económica principal y se justificaría en la necesidad de alinear las autorretenciones con el impuesto efectivamente a cargo, cerrar brechas de recaudo y fortalecer el flujo mensual de ingresos del Estado.
“El comportamiento de la actividad económica en Colombia en 2024 refleja una clara senda de reactivación (…), lo que permite revisar las tarifas de autorretención para adecuarlas a la realidad económica de los contribuyentes”, señala el documento justificativo del decreto, basado en un estudio de la Dirección General de Política Macroeconómica.
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Un error que se repetiría
Con el fin de conocer los alcances de esta medida, Portafolio conversó con varios analistas, como Lisandro Junco, exdirector de la Dian, quien explicó que esta movida del Minhacienda básicamente lo que pretende es adelantar la llegada de recursos, teniendo en cuenta que están en la recta final de la administración Petro, que básicamente finaliza el próximo año.
“Con una medida de este estilo lo que se quiere es anticipar el recaudo de las vigencias fiscales siguientes, porque es un gobierno que ya sabe que termina en el año 2026, entonces anticipa las retenciones, a través de las retenciones el impuesto a pagar en los años siguientes, es decir, vacía las arcas del Estado con una jugada como esta”, indicó.
Crecimiento Económico.
Cortesía – A.P.I.
Respecto a su conveniencia, destacó que “es una medida que es errónea, porque va en contra de la política macroeconómica del país, es irresponsable, porque da y abre la compuerta que no haya más recaudo de manera inmediata para los períodos siguientes, incluso para parte del año 2026, y tiene una magnitud enorme. Esto lo habían hecho en el año 2023, lo corrigieron en el año 2024, de ahí el déficit fiscal tan alto y la urgencia de tener una reforma tributaria por parte de ellos”.
Cabe resaltar que esta decisión se da en un contexto de alta presión fiscal, en la que el Gobierno enfrenta un déficit superior al 6% del PIB, carece de margen para una nueva reforma tributaria estructural y ha visto reducidos sus ingresos por menor dinamismo en exportaciones y menores dividendos de Ecopetrol.
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A nivel técnico, la Dian argumenta en el borrador de decreto que existen sectores donde las autorretenciones actuales representan menos del 20% del impuesto a cargo, lo que genera un costo de oportunidad para el fisco y debido a eso, con las nuevas tarifas se pretende que el anticipo de renta se distribuya de forma más proporcional a lo largo del año, y no solo en el pago final de la declaración.
“La retención en la fuente es un mecanismo diseñado para facilitar, acelerar y garantizar el recaudo del impuesto sobre la renta. Las mejores condiciones económicas generales y particulares, las adecuadas condiciones de liquidez del aparato productivo y las brechas significativas entre autorretenciones e impuesto a cargo en varios sectores económicos justifican una revisión de las tarifas de autorretención”, dice el texto.
Ministerio de Hacienda
Archivo particular
Sectores en rojo
Uno de los puntos que llama la atención en este borrador de decreto es que para algunas empresas, en especial las del sector minero-energético, el impacto no es marginal dado que el aumento de autorretención representa una mayor salida de caja mensual, lo que podría afectar su liquidez, en momentos en que también deben hacer frente a otras cargas como el impuesto a exportaciones y una de las tasas de renta neta más altas.
El proyecto establece tarifas nuevas para cientos de actividades económicas, con tasas que oscilan entre el 0,55% y el 4,5%, dependiendo del sector. Y aunque todos se ven afectados, la mayor carga recae sobre industrias como extracción de carbón (hulla); extracción de gas natural, generación y comercialización de energía y captación, tratamiento y distribución de agua; todas con un 4,5%.
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Álvaro Sabbagh, abogado en Scola Abogados, manifestó que un incremento en las tarifas de retención como el propuesto, seguramente va a generar que los saldos a favor en impuesto sobre la renta de los contribuyentes afectados se vean incrementados.
“El mecanismo de la retención en la fuente busca que el contribuyente pague de manera anticipada el impuesto de renta a cargo que va a aparecer en su declaración anual, y al incrementar las tarifas de retención, lo que podría suceder es que se va a retener más del impuesto que corresponde, generando, por tanto, saldos a favor de los contribuyentes”, dijo.
Minería de oro
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Fuerte impacto a las industrias culturales
No obstante, deja claro que “es una medida que afecta de manera directa el bolsillo de todos los colombianos, particularmente los trabajadores de menores ingresos, pues por ejemplo, ahora cualquier proveedor de servicios que reciba un pago en valor superior a 2 UVT ($99.598) va a ser objeto de retención, cuando con la norma actual el límite está en 4 UVT ($199.196)”.
En contraste, sectores como agricultura, comercio minorista o educación tendrán tarifas más bajas, en torno al 1,1% o incluso 0,55%, lo que si bien se puede entender como un criterio de progresividad fiscal aparente, para los expertos también es una señal de carga concentrada sobre actividades extractivas y de infraestructura.
Otro dato que no hay que pasar por alto es que la creación literaria, musical, teatral y audiovisual, que antes tributaban el 1,1%, ahora quedarían gravadas al 3,5%, es decir, más del triple. Lo mismo aplica a la gestión de instalaciones deportivas y a actividades como la grabación de sonido y edición de música, todas con el mismo salto.
El proyecto de decreto se encuentra en etapa de consulta pública y se espera que durante abril y mayo se recojan observaciones de gremios, empresas y ciudadanos. La versión final podría incorporar ajustes, pero el mensaje general es claro: el Gobierno busca una reconfiguración del recaudo empresarial con mayor presión sobre los sectores de servicios, cultura, arte, ambiente y salud.
