El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas advirtió que en el llamado “territorio palestino ocupado” persisten condiciones que considera “crueles, inhumanas o degradantes” para la población palestina, citando numerosos testimonios recogidos según un comunicado publicado por la propia agencia de la ONU. Esta evaluación se suma a preocupaciones sobre el trato durante los interrogatorios a los detenidos y el aumento de la violencia contra civiles palestinos desde el inicio de la ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza a partir del 7 de octubre de 2023.
Según informó la ONU, se solicitó a Israel la formación de una comisión de investigación independiente y especializada que analice las denuncias de torturas hacia palestinos. El comité manifestó inquietud ante informes señalando que existe una política estatal de hecho relacionada con torturas y malos tratos de carácter organizado y extendido, los cuales, de acuerdo con la ONU, se intensificaron notablemente tras el comienzo de la campaña militar en Gaza. El comunicado oficial detalla que la ausencia de instrumentos legales en la legislación israelí que tipifiquen de modo específico el delito de tortura genera un marco de impunidad, ya que la llamada “defensa del estado de necesidad” permite que las fuerzas de seguridad y militares puedan evadir responsabilidades en casos de violencia física contra detenidos durante los interrogatorios.
De acuerdo con el informe divulgado por el organismo de Naciones Unidas, la práctica de métodos de coacción, descritos como “medios especiales”, continúa utilizándose en interrogatorios dirigidos a personas detenidas, sin que dichos procedimientos hayan sido divulgados públicamente. Las denuncias recogidas por el comité incluyen también señalamientos directos contra políticas que afectan a la población palestina bajo administración israelí, abarcando restricciones y tácticas que afectan directamente a sus condiciones fundamentales de vida.
El comité reprochó que las políticas de Israel en el área de Cisjordania, incluida la acción de colonos contra ciudadanos palestinos, han derivado en un incremento significativo de la violencia. Según reportó la ONU, desde el inicio del actual ciclo de confrontación, más de 1.000 palestinos han perdido la vida en Cisjordania, víctimas de operaciones militares o ataques de colonos. El documento enfatiza que las detenciones administrativas en el territorio alcanzan cifras que el organismo considera sin precedentes recientes.
Tal como consignó la ONU, el comité prestó especial atención a las víctimas mortales producto de la ofensiva militar israelí. El balance entregado señala que desde los ataques perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023, han muerto 69.799 personas y otras 170.972 han resultado heridas en Gaza y los territorios palestinos bajo administración israelí. Además, el jueves autoridades administrativas de la Franja de Gaza, en manos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), actualizaron los datos sobre muertes desde el 10 de octubre, posterior a la entrada en vigor del alto el fuego asociado al acuerdo de la primera fase de la propuesta estadounidense para el enclave. Esta cifra se elevó a más de 350 palestinos fallecidos por ataques del Ejército de Israel durante ese periodo, revelando que la violencia se ha mantenido aun tras el anuncio de alto el fuego.
Entre las críticas formuladas por el comité internacional destaca la carencia de mecanismos jurídicos claros que sancionen la tortura en la legislación israelí. La organización remarcó que la supervisión interna resulta insuficiente para enfrentar denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en contextos de conflicto y detención. El Comité recordó que su labor se basa en la evaluación de reportes periódicos presentados por los países miembros en relación a los compromisos internacionales adquiridos en materia de derechos humanos, y subrayó la importancia de mecanismos efectivos de investigación imparcial y autónoma respecto de los hechos denunciados.
El organismo de Naciones Unidas reiteró la preocupación por la persistencia y agravamiento de los reportes sobre tortura y malos tratos, exigiendo que cualquier investigación sobre estos hechos cumpla con los requisitos de imparcialidad y eficacia. El comité también reclamó que se transparente la naturaleza de los métodos empleados en los interrogatorios y se prohíban aquellas prácticas que puedan ser clasificadas como trato degradante o inhumano.
La petición de la ONU incide sobre la necesidad de adoptar reformas legales comparables a los estándares internacionales, limitando la posibilidad de invocar defensas excepcionales para eximir la responsabilidad penal de funcionarios implicados en agresiones a detenidos. De acuerdo con el comunicado, la organización apuntó que solo mediante reformas de este tipo se garantizará el acceso efectivo a la justicia, la reparación para las víctimas y la prevención de nuevos abusos contra la población palestina afectada por la actuación de autoridades y colonos en los territorios ocupados.
