En medio del debate que hay en el país por el proyecto de ley de financiamiento que cursa en el Congreso de la República, la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) emitió un comunicado en el que manifestó su “profunda preocupación” por la propuesta de este proyecto que busca aumentar la sobretasa del impuesto de renta al petróleo.
En su concepto, dicho artículo podría comprometer severamente el futuro energético y económico del país y recordaron que en 2022 el Gobierno Nacional promovió una reforma tributaria que incluyó, sin el respaldo de un análisis técnico riguroso, una sobretasa al petróleo de 5, 10 y 15 puntos adicionales al impuesto de renta, justificada en los altos precios internacionales.
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“Fruto de dicha decisión, este sector hoy tiene una tasa efectiva de impuesto de renta de hasta el 50%, mientras otros no llegan siquiera al 30%, lo cual evidencia un claro ejemplo de inequidad tributaria”, explicaron.
En este sentido, desde la ACP advirtieron que el cambio tributario aumentaría la sobretasa del impuesto de renta para la exploración de petróleo hasta en 5 puntos porcentuales, llevándola hasta el 20%, sin que haya un sustento económico o técnico.
Frank Pearl.
“Esto implicaría un impuesto de renta del 55% para la industria, además del pago de regalías, derechos económicos, contribuciones sociales, ambientales y demás aportes que esta realiza, desbordando con ello su capacidad contributiva y desincentivando sus inversiones en el país”, dijo este gremio.
Frank Pearl, presidente de la ACP, insistió en que todos estos cambios, desde su concepto, generaría un gran riesgo sobre la sostenibilidad económica de los proyectos e incidirá en menor inversión exploratoria y de desarrollo, por lo cual, también en nuevas reservas y producción futura.
“Como consecuencia de la reforma de 2022, las inversiones exploratorias se han reducido en un 57%, lo que ha conllevado a que las inversiones voluntarias caigan a mínimos históricos. Aquí es importante considerar que, si no se hubiera debilitado al sector, no se necesitaría Ley de Financiamiento”, señaló Pearl.
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Para el vocero gremial, esta tendencia se agrava con nuevas cargas impositivas, por lo que, con este panorama, se vislumbra el final de la actividad exploratoria en Colombia a partir del 2030, en razón a que incrementos adicionales a la sobretasa inviabilizaría la exploración.
Pearl agregó que “este aumento también compromete las metas de producción de hidrocarburos (MinHacienda en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2024 contempla una producción promedio de 750 mil barriles día de petróleo hasta el 2035), en la medida en que el incremento en los gravámenes afectaría a todos los campos, principalmente, a los que producen crudos pesados y a los marginales, que representan respectivamente el 54% y 10% del total nacional, los cuales serían inviables al adicionar los nuevos gravámenes”.
También acotó que esto tendrá efectos en la aprobación de nuevos proyectos de desarrollo, que recordó, son necesarios para incrementar la producción y evitar la declinación natural de los campos, dado el momento que se vive y las necesidades de fortalecer frentes como la producción hacia el futuro.
“Teniendo en cuenta que el 45% del total de la matriz energética colombiana proviene del petróleo y el 21% restante del gas natural, es innegable que la aprobación de esta propuesta representaría un riesgo para la seguridad energética de Colombia, en la medida en que para garantizar el abastecimiento energético se requiere inversiones constantes y significativas en exploración y producción”, explicó.
Más allá de que se caiga la producción y el sector petrolero la pueda pasar mal, para estos expertos no hay que quitar la mirada de que las regalías dependen de allí y por consiguiente, los ingresos de la Nación.
Pesos colombianos
“En el mediano plazo el país estaría condenado perder su autosuficiencia en hidrocarburos, afectando la generación de regalías, empleos, encadenamientos productivos en las regiones e ingresos a la nación. En este contexto, el detrimento de la industria de petróleo y gas generaría que, en el corto plazo, otros sectores deban soportar la carga con la cual ya no podría contribuir este sector, que en 2023 representó el 20% de los ingresos corrientes de la Nación, el 16% de la inversión extranjera directa y el 4,6% del PIB”, sentenciaron.
Con todo lo anterior sobre la mesa, la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas cerró haciendo un llamado a la sensatez a los integrantes de las comisiones económicas de Senado y Cámara para que den un debate a conciencia en torno a la ley de financiamiento y eviten recurrir a pupitrazos durante el trámite que resta.
