El Ministerio de Hacienda destapó y se juega sus últimas cartas para conseguir la plata que no tiene dentro de las proyecciones de gasto del 2025, con la radicación de la ley de financiamiento que finalmente comenzó su trámite en el Congreso de la República, en medio de advertencias de vicios de trámite.
Con varios cambios en su articulado que no cayeron para nada bien en las comisiones económicas conjuntas porque no se socializaron con tiempo y tampoco se hablaron durante las reuniones del Gobierno con los legisladores, este proyecto se juega entre miércoles y viernes de esta semana, su última chance para convertirse en ley.
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En su nuevo texto, esta iniciativa elimina el artículo que proponía un IVA del 19% para plataformas de suerte y azar, como respuesta a la incertidumbre que se generó en el mercado por su impacto. Así mismo, un cambio destacado es el impuesto al carbono, que será progresivo.
La tarifa comenzará en $41.000 por tonelada en 2025, alcanzando $75.000 en 2027. Sin embargo, para productos como el Jet Fuel y el diésel, la tarifa se aplicará parcialmente al 75% entre 2025 y 2027, y será plena desde 2028.
Para Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública de la Universidad del Rosario, con este proyecto se mantiene el la visión fiscal de corto plazo que se viene promoviendo en el país desde hace varios años y que no le hacen bien al crecimiento, dado que se sigue apretando a la clase media y a la capacidad productiva.
“No veo que le hayan reducido la carga a personas naturales y jurídicas y la verdad no veo un buen ambiente ni de parte del Congreso ni de parte del público a este proyecto. No creo que los ajustes hechos sean suficientes, porque incluso queda vivo el anticipo de la regla fiscal y ese anticipo de la regla fiscal es letal”, destacó.
Amorocho agregó que no se puede pasar por alto que el país enfrenta “dificultades que están exigiendo un mayor recorte del presupuesto y anticipar la regla fiscal es subir el endeudamiento público. Con esto se genera la idea en las calificadoras de que hay riesgos para cumplir la regla fiscal del Gobierno”, advirtiendo que habrá una gran oposición.
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Manejo fiscal
Por otra parte, José Ignacio López, presidente de Anif, pidió prestar atención al manejo que se le está dando a las finanzas del país con esta propuesta, porque en su concepto se están generando espacios de gasto que hacia adelante será difícil mantener con las fuentes de financiación planteadas.
“Se está tratando de financiar un gasto permanente con recursos insuficientes y que no cubrirían esas necesidades de ingresos que plantea precisamente el Presupuesto General de la Nación. Ahora se conoce una nueva versión, donde el recaudo sería menor porque se eliminó una de las fuentes de recaudo más importantes que presentaba el anteproyecto que era, iba a los juegos de azar en línea y eso requiere socialización”, explicó López.
Si bien la ley de financiamiento como está mantiene el umbral del impuesto al patrimonio y condiciones actuales para las ganancias ocasionales, al eliminar la propuesta de incrementar la tarifa del 15% al 20%, beneficiando a personas naturales, su impacto en el sector minero energético tiene en alerta a las petroleras por la inviabilidad a la actividad, por el fuerte aumento en la sobretasa de renta por la explotación por precios altos del crudo, que según uno de los cambios de la ponencia, aumenta a un rango entre el 7% y el 20% la tarifa en función del nivel promedio del crudo en el mercado internacional.
Hoy en día la tarifa vigente, tras la primera reforma del gobierno Petro, está en un rango que inicia en el 5% y termina en el 15%.
Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, indicó la ley de financiamiento comprometería severamente el futuro energético y económico del país, acudiendo a un mecanismo que en el pasado llevó a que las inversiones exploratorias cayeran un 57%.
“Con el aumento de impuestos planteado, se vislumbra el final de la actividad exploratoria en Colombia a partir del 2030, en razón a que incrementos adicionales a la sobretasa inviabilizaría la exploración. Este aumento también compromete las metas de producción de hidrocarburos y afectaría a todos los campos, principalmente, a los que producen crudos pesados y a los marginales, que representan respectivamente el 54% y 10% del total nacional”, indicó.
Portafolio conoció que al interior de Ecopetrol estos impactos del aumento propuesto por el Ministerio de Hacienda aún no se han evaluado y fuentes de la industria explicaron que se interpreta que por la vía del aumento en la sobretasa de renta por precios altos el Gobierno está tratando de recuperar los tributos dejados de recaudar por la no deducibilidad de las regalías de la tasa de renta, la cual fue declarada inexequible por la Corte Constitucional.
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No se necesita
César Pabón, director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, agregó que la actual propuesta de ley de financiamiento es innecesaria e inconveniente, ya que un ajuste de aproximadamente $30 billones de pesos al presupuesto de 2025 permitiría evitar una nueva discusión legislativa sobre este tema.
“El gran ausente, y nos sorprende mucho, porque era tal vez la propuesta más acertada de la versión anterior, era imponer e incluir impuestos del impuesto de IVA a los juegos online, juegos en línea, de juegos de azar. Desde Corfi hemos sido muy vocales, y de hecho hemos hecho varios estudios recientes, de cómo este es uno de los sectores que más ha crecido en los últimos años, según nuestras cifras, ha crecido cerca de más de un 50% al año en los últimos año”, manifestó.
Respecto al sector petrolero, dejó claro que “seguir aumentando la carga tributaria delas empresas que lo conforman, que desde 2022 la tasa efectiva de tributación del sector minero energético quedó muy por encima del resto de la economía, sabemos que es una talanquera para seguir invirtiendo y creciendo en este sector, que al final es nuestro principal creador o fuente de exportaciones, de divisas”.
Esto va de la mano con lo planteado por Bruce Mac Master, presidente de la Andi, quien pidió que “seamos claros, la reforma tributaria que se está presentando no es para rebajar impuestos, es para cobrarle a los hogares y a las empresas $11,5 billones de pesos adicionales en impuestos. Es pasar más recursos de los hogares y los emprendedores y empresas al gobierno nacional para que el gobierno nacional sea el que lo gaste”.
Por último, el ministro de Hacienda, Diego Guevara, también se pronunció en medio del debate nacional y explicó que algunos impuestos se quitaron por innecesarios y que fueron reemplazados por otros que tendrán un menor impacto y ayudarán en la tarea de recaudo.
“Hemos sacado juegos de azar por las diferentes dudas de los ponentes sobre los escenarios de ilegalidad que pueda crear este tipo de impuestos, que es un tema que se debe revisar con mucha más calma, pero hemos introducido un impuesto de timbre del 1%. Hemos introducido dividendos tratando de complementar el recaudo y ahora nos sentaremos a revisar todo con los ponentes”, acotó.
La ley también prioriza incentivos ambientales y empresariales. El IVA para vehículos híbridos se mantiene en el 5%, promoviendo su adopción en línea con la transición energética. Además, se introduce una reducción gradual del impuesto de renta empresarial, del 35% al 30% para 2039, y al 27% para pequeñas y medianas empresas, buscando estimular el desarrollo económico.
Finalmente, la ley incluye amnistías para deudores tributarios y de multas de tránsito. Los infractores pueden reducir en un 50% el total de la deuda y en un 100% los intereses. Por su parte, el régimen simple se extenderá hasta 2026 antes de su eliminación definitiva, permitiendo una transición hacia un sistema más equitativo y menos disruptivo para la economía local.