Desde que en el año 2000 los países miembros del entonces G8 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia) suscribieron la Carta de Okinawa sobre la Sociedad de Información Global, se han realizado numerosas cumbres mundiales, conferencias y acuerdos internacionales sobre el tema. La inclusión digital o, su contracara, la brecha digital, ocupan buena parte del temario de esas reuniones y de los documentos producidos.
No obstante, en pleno 2023 las brechas y los problemas para alcanzar una inclusión en el acceso y uso de bienes y servicios de información siguen figurando entre los asuntos pendientes que condicionan el desarrollo para los próximos años. También existen, hoy en día, experiencias y resultados que ayudan a corregirlas.
Si bien la brecha digital ya había sido conceptualizada incluso antes de la masificación de internet, su uso se expandió junto con las conexiones civiles y comerciales a internet desde la segunda mitad de la década de 1990.
Cuando fue acuñada como concepto, la brecha digital aludía a la diferencia entre quienes accedían a internet y quienes no lo hacían. Con el tiempo, la noción fue ganando en complejidad porque la masificación de tecnologías móviles y el crecimiento paulatino de las modalidades de acceso fijo marcaron una evidencia: hay, dentro de quienes acceden a la conectividad, múltiples formas de acceso.
Hay accesos robustos, con conexiones de muy buena calidad y dispositivos de última generación que, en general, se ubican en grandes centros urbanos. Por otro lado, hay accesos degradados, con endebles conexiones de red por problemas de cobertura o de precio de los servicios y dispositivos, que son los que tienen los sectores de menores recursos, mayoritarios en cantidad –sobre todo en América Latina y el Caribe– y también quienes viven en zonas rurales y semirrurales. Y entre esos dos extremos, una gran variedad de situaciones a la hora de pensar las brechas digitales, en plural.
Por consiguiente, las brechas digitales designan las diferencias de acceso a las tecnologías de comunicación, refieren a la distancia que separa a quienes tienen acceso respecto de quienes no tienen acceso, y a quienes tienen accesos robustos de quienes tienen accesos muy precarios o conexiones débiles. Pero además de las variables mencionadas, que autores como Jan A G M van Dijk califican como “materiales”, existen otras diferencias fundamentales.
Diferencias en recursos
La disparidad en las oportunidades reales de uso pleno de la tecnología determina también la posibilidad de apropiación de recursos informacionales y de las oportunidades de los entornos digitales. Esa disparidad expresa las brechas de habilidades, capacidades, circunstancias y tiempo necesario para el uso de las tecnologías.
Las variables etarias y de género refieren de manera directa a las habilidades, capacidades y oportunidades significativas de uso, aunque también impactan las brechas materiales. De hecho, ONU Mujeres estima que cuatro de cada 10 mujeres en Latinoamérica no están conectadas o no pueden costear una conectividad efectiva, entendida como acceso a internet, disponibilidad de dispositivos y habilidades básicas para su utilización.
Las brechas digitales reproducen las exclusiones que se registran en otros recursos, de ahí la importancia de asumir la inclusión en un sentido integral, y no sólo acotado a la dimensión tecnológica, como un desafío para superarlas o para atenuar sus consecuencias.
Un estudio producido en conjunto en 2023 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) y la Unesco, indica que “el costo del servicio de banda ancha móvil y fija para la población del primer quintil de ingresos en la región llega en promedio al 14 % y el 12 % de su ingreso, respectivamente, lo cual explica que un alto porcentaje de esa población de bajos ingresos no tenga acceso a internet. Dado que en la región las mujeres están sobrerrepresentadas en los hogares de menores ingresos, de allí resulta que existan más mujeres en hogares no conectados”.
El costo del servicio de banda ancha móvil y fija para la población del primer quintil de ingresos en la región llega en promedio al 14 % y el 12 % de su ingreso, respectivamente, lo cual explica que un alto porcentaje de esa población de bajos ingresos no tenga acceso a internet
En esta tercera década del siglo hay consenso sobre los beneficios de la inclusión digital: refuerza la calidad de servicios imprescindibles, como la educación y la salud; mejora la eficiencia de las administraciones públicas; facilita el acceso a la cultura y a las fuentes de información; mejora la productividad; impulsa la innovación y el desarrollo de nuevos sectores de actividad; ahorra costos y tiempos.
Según la información del portal estadístico de Cepal, la mayor parte de la población latinoamericana y del Caribe tiene cierta conectividad en el acceso a banda ancha fija y móvil. Según los datos, más del 60 % de los hogares de la región posee conexiones de banda ancha fija, mientras que casi el 80 % de la población accede a la banda móvil a través de sus dispositivos celulares.
Los datos demuestran que, por un lado, hubo y hay progresos significativos en materia de acceso a la conectividad en América Latina y el Caribe en la última década, pero, por otro lado, que es preciso redoblar energías para alcanzar la inclusión digital y la erradicación de las brechas.
¿Cómo cerrarlas?
Para avanzar en esta tarea, es preciso distinguir como variables fuertes la cobertura de las infraestructuras y redes fijas y móviles, la asequibilidad de los servicios por parte de toda la población y las oportunidades significativas de uso mediante las habilidades y competencias de la ciudadanía, para un aprovechamiento integral de los beneficios de servicios y aplicaciones digitales.
Las diferencias entre accesos fijos y móviles no son inocuas, sobre todo en una región como la latinoamericana, signada por las desigualdades socioeconómicas: las habilidades digitales y las oportunidades de uso son mayores cuando las personas cuentan en su hogar con conexiones fijas robustas. Las brechas materiales de acceso (quienes tienen o no conexión, quienes solo tienen conexión móvil y no fija en el hogar, quienes poseen conexión móvil a través de la carga de crédito periódica sin abono a un operador de telecomunicaciones) afectan las competencias y saberes, el acceso a servicios básicos, a la información y al desempeño laboral y productivo.
La universalización de los accesos móviles encuentra severas limitaciones por dos motivos: por un lado, por la cobertura de las redes, que en una región con la extensión y variedad geográfica de América Latina y el Caribe les posterga el acceso a quienes viven en localidades alejadas de los centros urbanos.
Dado que la estructura de mercado orienta las inversiones de los operadores, se precisan políticas públicas articuladas con el sector privado y con las organizaciones comunitarias para garantizar la cobertura a precios asequibles de los servicios de conectividad fija y móvil allí donde el acceso es más débil, especialmente en áreas menos densamente pobladas.
El segundo motivo es la asequibilidad de los servicios, dado que la desigualdad socioeconómica incide directamente en el tipo de planes contratados y, así, más del 85 % de las líneas móviles activas son de modalidad prepago. Esta depende de la carga de crédito de los usuarios y, consecuentemente, se trata de la opción más débil a la hora de garantizar conectividad de forma estable.
Ahora bien, como los ingresos de los operadores de conectividad han decrecido en los últimos diez años, y su sostenibilidad es necesaria para proyectar inversiones, las políticas públicas resultan entonces imprescindibles para compensar las necesidades de mayor cobertura, de asequibilidad de los servicios y de mantenimiento y expansión de las redes.
Políticas de estímulo a compartir las infraestructuras como los ejecutados en Ecuador, o planes colaborativos de inclusión, como es el caso de “Internet para todos” en Perú, pueden adaptarse a las condiciones diversas de los países y de las sociedades latinoamericanas.
Los fondos de servicio universal recobran importancia en este contexto, para financiar los despliegues allí donde la inversión privada no es rentable. Estos fondos, no obstante, hasta el momento tampoco garantizaron el pleno acceso. Por eso las reglas de funcionamiento, las prioridades, ritmos y estrategias de inversión, la mayor participación de todos los actores del ecosistema digital en las contribuciones a su fondeo y en el establecimiento de metas, la transparencia y auditoría periódica y pública sobre los resultados de los programas de servicio universal ameritan ponderarse en función de las características peculiares de las brechas para alcanzar la aún pendiente inclusión digital en la región.
Lo anterior incluye abordar la discusión sobre la pertinencia (o no) de la participación de plataformas de transmisión audiovisual, intensivas usuarias de las redes de transporte de datos, en el cofinanciamiento de los fondos del servicio universal.
Hacia dónde avanzar
En resumen, la inclusión digital está condicionada por variables socioeconómicas, geográficas, de género y etarias. El acceso material a la conectividad y las habilidades y oportunidades de uso franquean u obturan las posibilidades de progreso individual y comunitario, pero la brecha material no es el único obstáculo para la inclusión.
Es preciso considerar en qué sentido las brechas digitales han dejado de ser únicamente las que separan a conectados de desconectados, para aludir además a quienes sí tienen conexiones de red, aunque la calidad o velocidad de estas sea deficiente, o sus terminales de acceso sean inadecuadas para una navegación con posibilidad de utilizar distintos servicios y aplicaciones y, en consecuencia, vean restringido el potencial de aprovechamiento de los recursos digitales.
Las capacidades del sector de las telecomunicaciones y las políticas públicas merecen revisarse a partir de la valoración de la eficacia de programas ya implementados en algunos países de la región, para multiplicar ese tipo de experiencias y revisar la pertinencia de las reglas que organizan los fondos de servicio universal, a la luz de las brechas digitales que siguen estructurando las comunicaciones latinoamericanas.
(*) Profesor titular de la Universidad Nacional de Quilmes y de la Universidad de Buenos Aires. Investigador independiente en el Conicet.
(**) Es una organización sin ánimo de lucro que busca compartir ideas y conocimientos académicos con el público. Este artículo es reproducido aquí bajo licencia de Creative Commons.
MARTIN BECERRA- THE CONVERSATION
