Luego de que la Corte Constitucional declarara que el valor fijado en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el 2024 fue insuficiente, el Ministerio de Salud radicó una solicitud para pedir la nulidad del auto 007 de 2025 con el que se tomó esta determinación.
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La petición para que se anule este fallo se fundamenta, según la cartera, que el alto tribunal incurrió en irregularidades procesales que vulneraron los derechos fundamentales del Ministerio.
“La mayoría de la sala no garantizó este mandato constitucional (artículo 29 de la Constitución Política de 1991, precepto en el que se estableció el debido proceso como un derecho fundamental) al Ministerio de Salud y Protección Social al no poner en conocimiento ni permitir la controversia de las pruebas y/o documentos allegados por los actores que participaron dentro de la discusión de la suficiencia de la UPC, esto es, las Empresas Promotoras de Salud y sus agremiaciones”, señala el documento radicado por el Minsalud.
Otro de los argumentos que presentó la entidad señala que la Corte no presentó informes que sustenten la insuficiencia de la UPC del año anterior.
En ese sentido, el Ministerio destacó que al no conocer las pruebas y estudios técnicos que motivaron y respaldaron la orden, no pudo controvertirlos, contradecirlos u objetarlos, así como pedir la evaluación de otras pruebas. “Una vez más, se observa que en esta actuación no se protegió ni se respetó el debido proceso, el derecho a la defensa y a la contradicción”, destacó.
UPC
La cartera también hizo énfasis en que “es evidente que la mayoría de la Sala incurrió en una irregularidad procesal al no otorgarle al Ministerio de Salud y Protección Social la oportunidad para conocer las pruebas de las EPS y sus agremiaciones, como al haber valorado inadecuadamente el estudio de suficiencia de la UPC de 2024, máxime que la conclusión a la que llegó la Corte Constitucional fue declarar la insuficiencia de la UPC, sin tener la competencia para ello, tal y como en líneas precedentes se reconoció y extractó del contenido del considerando 22 del auto 089 de 2025”.
Además, aseguró que el alto tribunal que “no puede basar sus decisiones en las afirmaciones infundadas de las EPS y agremiaciones”. De hecho, señaló que en caso de presentar algún motivo de duda sobre la suficiencia de la UPC, “debió decretar de oficio un estudio técnico que le permitiera establecer si los recursos que se reconocen son suficientes y de esta manera llegar a un grado suficiente de convencimiento”.
Es importante que el fallo de la Corte lo otorgó la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, cuyo análisis tuvo en cuenta las deficiencias identificadas en el sistema de información al interior del sistema de salud y su impacto en la manera en la que se establece el valor de este indicador.
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