El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, llamó a los ciudadanos que buscan trasladar sus ahorros pensionales desde fondos privados hacia Colpensiones a presentar acciones de tutela de forma masiva, en lo que denominó una “tutelatón”, para reclamar la protección de sus derechos tras la suspensión del decreto que permitía el traslado automático de recursos.
La iniciativa fue anunciada por Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, después de que el Consejo de Estado suspendiera el decreto del Gobierno nacional que obligaba a los fondos privados de pensiones a trasladar los recursos de los trabajadores al sistema público de Colpensiones. Sanguino recomendó a los ciudadanos interponer tutelas de manera masiva para que sean los jueces quienes ordenen a los fondos privados transferir los ahorros, asegurando así la protección efectiva de los derechos pensionales.
“Esos 25.000 trabajadores, incluso los 120.000, pueden acudir a la tutela, a una especie de tutelatón, para que los jueces de la República le ordenen a los fondos privados, como ha ocurrido en el pasado, que una vez la persona se traslade, se traslada con sus recursos, porque los dueños de esos recursos son los trabajadores”, sostuvo el ministro en declaraciones públicas conocidas por Blu Radio.
La controvertida decisión del Consejo de Estado dejó en suspenso el traslado de cerca de 25 billones de pesos desde los fondos privados hacia el sistema público, lo que afecta tanto a quienes ya lograron cambiar de régimen como a quienes esperan hacerlo en el marco de la reforma pensional.
El Ministerio de Trabajo anunció que, además de la “tutelatón”, el Gobierno adelantará diversas acciones jurídicas con el fin de garantizar el traslado de los recursos hacia Colpensiones. Según Sanguino, el Estado cuenta con el dinero necesario para pagar las pensiones de quienes cumplieron con los requisitos y ya realizaron el cambio, aunque el traspaso de los recursos aún no se ha materializado.
Mensaje en redes sociales: recursos de los trabajadores y crítica a fondos privados
En un video difundido a través de sus redes sociales, Antonio Sanguino reiteró su postura frente a la administración de los fondos pensionales y criticó el manejo de los recursos por parte de las administradoras privadas. Afirmó que mientras Colpensiones paga las pensiones con recursos públicos, los fondos privados siguen generando ganancias con el ahorro de los trabajadores, incluso después de la transferencia legal de más de 120 mil afiliados al sistema público.
“¿Qué tal el descaro? Mientras Colpensiones le paga cumplidamente con sus recursos, que son de todos los colombianos, las pensiones a los pensionados, los fondos privados pretenden seguir haciendo negocios con el ahorro de los trabajadores. Hablemos claro. Los recursos pensionales pertenecen a los trabajadores, no al capital financiero”, afirmó Sanguino en su mensaje.
El ministro detalló que, aunque cerca de 25.000 trabajadores ya reciben su mesada a través del sistema público, más de cinco billones de pesos continúan en manos de los fondos privados, generando dividendos que, en algunos casos, se invierten fuera del país. Para Sanguino, el principio esencial es que “quien paga la pensión debe tener los recursos para garantizarla”.
Agregó que el Decreto 415 de 2026, expedido junto al ministro de Hacienda y el presidente Gustavo Petro, buscaba corregir una falla estructural del sistema pensional y ordenar el traslado de los ahorros y rendimientos de quienes decidieron cambiar de régimen. Sin embargo, el Consejo de Estado suspendió la aplicación de la norma, ampliando la medida incluso a los pensionados ya reconocidos por Colpensiones.
Contexto del decreto y argumentos jurídicos
El Decreto 415 de 2026 fue emitido con el objetivo de acelerar el traslado de activos pensionales desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) hacia el Régimen de Prima Media administrado por Colpensiones. El Gobierno buscaba fortalecer la liquidez del sistema público y reducir presiones fiscales a corto plazo, anticipando el movimiento de aproximadamente 25 billones de pesos correspondientes a reservas y saldos de cuentas individuales.
El decreto contemplaba el traslado anticipado tanto de los recursos de pensionados bajo la modalidad de retiro programado que reciben un salario mínimo como de los afiliados cobijados por el régimen de transición de la Ley 2381 de 2024.
El Consejo de Estado, al suspender la norma, consideró que el Ejecutivo excedió sus facultades al ordenar el traslado anticipado de los recursos, argumentando que estos debían permanecer en administración privada hasta que se reconozca efectivamente la pensión. El tribunal advirtió, además, sobre los riesgos para el ahorro individual y el equilibrio financiero del sistema, señalando que mover esos recursos podría alterar los cálculos actuariales previstos en la reforma pensional.
Afiliados involucrados y el futuro de la reforma pensional
Actualmente, existen dos grandes grupos de afiliados involucrados en el proceso: quienes ya lograron trasladarse desde los fondos privados hacia Colpensiones y quienes, según la reforma pensional, deberían pasar obligatoriamente al sistema público por tener ingresos de hasta dos salarios mínimos mensuales.
La constitucionalidad de la reforma, que establece la cotización obligatoria en Colpensiones para este grupo, permanece en estudio en la Corte Constitucional, que debe decidir si la norma se ajusta a la Carta Magna o si debe ser anulada total o parcialmente.
