El Ministerio de Salud solicitó a la Corte Constitucional aclarar algunas dudas respecto a lo emitido en el Acto 007 de 2025, con el que se declara insuficiente el valor fijado para Unidad de Pago por Capitación del 2024 y se ordena a la cartera crear un mecanismo para ajustar la metodología de cálculo de este indicador.
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El fallo lo otorgó la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, cuyo análisis tuvo en cuenta las deficiencias identificadas en el sistema de información al interior del sistema de salud y su impacto en la manera en la que se establece la UPC.
En ese contexto, el Minsalud señaló que hay algunos elementos que “generan confusión y no permiten entender con claridad la forma en que se debe dar cumplimiento por parte del Ministerio de Salud y Protección Social a lo ordenado por la mayoría de la Sala”.
Entre los puntos que pidió al alto tribunal que se esclarecieran se incluye la estructuración y funcionamiento de la mesa de trabajo que se deberá constituir para realizar la revisión de este valor. Además, la cartera pidió que claridad respecto a quién presidirá este mecanismo de seguimiento, cómo se regulará su operatividad y si se requiere socialización previa de su reglamento.
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Por otro lado, el Ministerio señaló que hay dudas respecto a la orden de reajuste de la prima por cada vigencia desde 2021. En ese sentido, la entidad solicitó la evidencia técnica en la que se basó su decisión para determinar rezagos, así como conocer cuál es el porcentaje de incremento que se considera suficiente.
En esa misma línea, se cuestionó si la Sala podría estar extralimitando sus funciones al ordenar cambios en la metodología de cálculo de la UPC. Motivo por el cual pide que se respondan estos y otros cuestionamientos respecto a las disposiciones presentadas en el acto, puesto que varios de los argumentos y las órdenes “podrían afectar la operatividad del sector salud y generar conflictos jurídicos e institucionales”.
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